Decía recientemente la diputada y vicepresidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea, Teresa Jiménez Becerril que el PSOE no es el responsable de que haya una crisis económica por el COVID 19 pero sí "es el responsable de que España sea de los países que peor se ha comportado y más empleo ha destruido en esa crisis económica de todo el mundo".
Un país, el nuestro, que en el año 2020 ha perdido más de125.000 millones de euros de riqueza, 30 millones de euros más que la caída de riqueza acumulada durante toda la crisis financiera de 2008-2012 y que se encuentra afectado por una gravísima crisis de déficit y deuda pública que la propia ministra de Economía ha reconocido que "la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos".
La misma Nadia Calviño que el 4 de marzo del pasado ejercicio afirmaba que el impacto del coronavirus en España sería "poco significativo y transitorio" y que ahora un año después se encuentra gestionando la economía de un país con una caída histórica del PIB del 11 por ciento en 2020, la mayor del mundo desarrollado; con un déficit y una deuda públicas disparados en el entorno del 9 por ciento y del 120 por ciento del PIB, respectivamente; y un paro real de más de cinco millones de personas incluyendo los autónomos y los afectados por los ERTE.
Indicadores de descontrol de las cuentas públicas que suponen un riesgo evidente para el estado de bienestar y que se enmarcan dentro de un contexto de hundimiento de la oferta especialmente en sectores como el automóvil, los servicios y el turismo que aportan más del 40 por ciento de nuestro PIB, y de desplome en la demanda derivada de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, del cierre de casi 50.000 empresas y de la destrucción de puestos de trabajo.
Y es a este naufragio económico sin precedentes en la historia moderna al que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere rescatar con los salvavidas de los dineros del Fondo Europeo de Reconstrucción y con unos Presupuestos del Estado que, como han denunciado los servicios de estudios privados y los portavoces económicos de la oposición, disparan el gasto público en todos los niveles de la Administración como estrategia para reactivar el consumo y el empleo.
Reclamar la condonación de la deuda lamina nuestra credibilidad y solvencia
La misma receta errónea de barra libre de gasto que ya puso en práctica y fracasó con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que los citados analistas estiman que puede acabar en un coma etílico porque, recuerdan, los fondos europeos se van a recibir a lo largo de seis años con la obligación de destinarse a proyectos finalistas y no para tapar el déficit fiscal. Eso y que los dineros de Europa vienen también condicionados a la exigencia de reformas destinadas a mejorar nuestra competitividad y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas aumentando los ingresos y reduciendo el gasto.
Reformas del mercado laboral, pero garantizando la flexibilidad que instauró la reforma de Fátima Báñez en 2012 y que permitió crear medio millón de empleos anuales o la reforma del sistema de pensiones y la unidad de mercado, hoy cuestionadas y boicoteadas desde dentro por el ala podemita del Gobierno.
Y en este escenario surge también ese esperpéntico manifiesto apoyado por Podemos y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, -quién la ha visto y quién la ve- reclamando la condonación de la deuda atesorada por el Banco Central Europeo. Una propuesta que no sólo es un atentado irracional contra la solvencia y la credibilidad de España ante los mercados internacionales y los inversores extranjeros, sino que nos coloca a la altura de esas dictaduras bananeras y bolivarianas que tanto gustan a Pablo Iglesias y su tropa de demagogos populistas.
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