La petición de Salvador Illa en el trasiego de las elecciones catalanas para que el Gobierno del Estado condone las deudas que arrastran las comunidades autónomas anticipa, de salir adelante, un dispendio en Cataluña y una huida hacia adelante con un incremento de gasto irresponsable.
El exministro camufla la quita con el pretexto de que la condonación es para todos pero oculta en realidad la guillotina para Madrid, descabezando su crecimiento, torciendo su política de impuestos y de racionalización del gasto. Por si queda alguna duda de la hoja de ruta, basta comprobar que el planteamiento económico del candidato del PSC está en la línea de los expuestos por ERC y Podemos
Este gancho político está sacado del baúl de antiguas promesas. Es el mismo que empleó el ahora ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en las elecciones en 2017.
Si entonces era un disparate, ahora es un suicidio económico: este mismo viernes confirmábamos que la asignación de 11.956,65 millones de euros que el Gobierno ha adjudicado a las comunidades autónomas para el primer trimestre de 2021 deja a Cataluña y la Comunidad Valenciana como las principales receptoras de este fondo, recibiendo el 68% del total repartido entre las regiones adheridas al Fondo de Financiación, en el que no se encuentra la Comunidad de Madrid.
Cataluña lleva años con un gasto desbocado y una pérdida de ingresos galopante. El dato de deuda pública acumulado hasta la fecha multiplica por más de 10 el incremento, respecto al año anterior, según el Banco de España. Desde 2008, el incremento de deuda pública ha sido cercano a los 72.600 millones cada año.
La pandemia del Covid-19 ha rematado esta situación. En los primeros nueve meses de 2020, la deuda ha aumentado en España cerca de 19 millones cada hora, un ritmo insostenible. Cataluña es la más endeudada con un 35,9% del PIB, seguida de la Comunidad Valenciana (46% de su PIB) y la Comunidad de Madrid (15,8% de su PIB).
Es urgente una reforma de la financiación autonómica, como llevan pidiendo desde hace años las CCAA
Las condonaciones de deuda pública no salen gratis. Los contribuyentes de toda España las pagaríamos, con el frenazo a la productividad y a la inversión que ello supone, al tener que asimilar la deuda estatal emitida para financiar a las CCAA.
Los presidentes de las CCAA llevan mucho tiempo clamando a Pedro Sánchez para que su Gobierno apruebe un sistema de financiación coherente con su potencia económica y sus servicios públicos.
Es urgente una reforma de la financiación autonómica, pero las propuestas que han planteado en los últimos años no han contentado a nadie porque la diversidad de problemas es muy amplia y cada uno mira por sus intereses.
Tras la última reunión de la Conferencia de Presidentes del 26 de octubre de 2020 sobre los fondos europeos, Sánchez se comprometió a convocar este órgano de manera mensual, pero tres meses después no se ha celebrado ni una.
La demanda de una fiscalidad federal, en la que la Agencia Tributaria catalana codirija la tributación en su territorio entronca con el intento propuesto por los nacionalistas catalanes para suplantar a medio plazo a la Aeat en la gestión de los impuestos estatales.
Sorprende que ante una crisis tan grave las soluciones no pasen por ayudar a los empresarios
La experiencia de la Agencia catalana no ha sido un ejemplo de eficacia desde su implantación. Illa se contradice cuando exige al Estado que intervenga para recortar la gestión tributaria de las CCAA, en un intento de que se lleve a cabo una armonización al alza, que supondría una mayor tributación.
Sorprende que ante una crisis tan grave las soluciones no pasen por ayudar a los empresarios, reduciendo los impuestos al tejido productivo, a crear riqueza y empleo. Se debe recortar el gasto superfluo y ajustar la financiación, justo lo contrario de lo que propone Salvador Illa.
Entidades
Xavier Gil Pecharromán
Jefe de Normas y Tributos y Director de Buen Gobierno. Iuris&Lex y RSCRelacionados
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