Pensiones: medidas insostenibles

Una comparativa con el resto de la UE evidencia la gran magnitud de la presión a la que el gasto del sistema público de pensiones está sometido en España.

En los últimos diez años, su desembolso crece a un ritmo del 40%, frente al 27% propio de la media comunitaria. Una diferencia de esa envergadura no puede explicarse solo por realidades como el rápido envejecimiento demográfico, un fenómeno que es común al conjunto del continente. Por ello, los expertos buscan argumentos en otros aspectos diferenciales, especialmente en el mecanismo de revalorización de las pensiones. No es casual que en España el criterio dominante haya sido la inflación anual mientras en otros países se consideran variables como el crecimiento del PIB o la evolución de los salarios. Por el contrario, en nuestro país, la indexación al IPC sólo se suspendió en los escasos años en los que se aplicó el Índice de Revalorización definido por la reforma de 2013, según el cual las alzas no superarían el 0,25% mientras persistiera el déficit de la Seguridad Social. Ese corto periodo fue incapaz de frenar un incremento del gasto a todas luces excesivo en comparación con los estándares europeos. Por tanto, resulta inaudito que el Gobierno quiera agravar esta situación aprobando en Consejo de Ministros, quizá en este mismo mes, la ley que blinde la indexación de las pensiones con el IPC.

La indexación al IPC contribuye a que el gasto en este apartado crezca por encima de la media comunitaria

A esa decisión seguirá, previsiblemente, la derogación definitiva del Factor de Sostenibilidad que pretendía racionalizar el gasto considerando variables como la evolución de la esperanza de vida. El desmontaje sistemático de todos los mecanismos de contención del déficit de la Seguridad Social aboca a esta Administración a una situación insostenible.

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