La revinculación del incremento anual de las pensiones a la inflación es ya una de las políticas irrenunciables para el Pacto de Toledo. Sin embargo, falta por concretar cuál será la medición del IPC que se tomará como referencia. La última propuesta del Gobierno pasa por considerar la media de los tres años previos al ejercicio en el que se lleve a cabo la revalorización.
El mecanismo incluiría en el cómputo los años en los que la inflación fue negativa, como el ejercicio pasado, lo que contribuiría a evitar desviaciones tan flagrantes como las ocurridas en 2019 y 2020, cuando el alza de estas prestaciones fue notablemente superior al IPC real. Sin embargo, esa supuesta moderación no basta para paliar los problemas financieros del sistema de pensiones. Todo apunta a que los incrementos seguirán siendo superiores al máximo del 0,25% anual que la reforma de 2013 aplicaba mientras persistiera el déficit de la Seguridad Social. Frente a este problema, el Gobierno sigue sin proponer medidas que racionalicen el gasto. En concreto, el proyecto de elevar (de 25 a 35 años) el número de años que se computan para el cálculo de la pensión quedó arrinconado. En su lugar, se buscan vías para elevar los ingresos castigando de nuevo a los contribuyentes con sueldos más altos. Estos últimos han visto incrementarse la base máxima de cotización sin pausa desde 2013. Ahora, pueden enfrentarse a la eliminación completa, el llamado destope, de ese límite ahora situado en 4.017 euros mensuales, sin recibir ninguna contraprestación en sus pensiones.
El Gobierno continúa sin abordar la necesaria racionalización del gasto en este capítulo de la Seguridad Social
Se trata, en suma, de medidas equivocadas que siguen sin abordar los problemas que plantea la sostenibilidad misma de la Seguridad Social.
