En una situación como la que estamos pasando en España parece mentira que el Gobierno no se canse de nombrar colaboradores -casi siempre escogidos entre gente sin ninguna experiencia- para ser directores generales o presidentes de empresas públicas que no conocen el empeño que se les ha confiado; es decir, que no saben de la misa la media.
Ahora nos llega la última broma, al nombrar a Sergio García Torres como director general de "derechos de los animales" (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030). Este señor dispone de un sólido título de "formador en posicionamiento y manejo de redes sociales" y, como experiencia profesional, haber sido "responsable del mantenimiento de tiendas on line". ¿Qué institución educativa e investigadora ha otorgado dicho título? Nada de Universidad, el título de este director general le ha sido otorgado por el sindicato Comisiones Obreras.
Pero, vamos a ver, en medio de una pandemia que nos está matando, ¿cómo se les ocurre abrir el melón de "los derechos de los animales"? Quien tiene derechos tiene obligaciones y, que yo sepa, los animales no tienen ni pueden tener obligaciones.
O acabamos con estas arbitrariedades y con estos chollos a cuenta del Estado o la Democracia se irá a pique. Con aficionados y chupópteros en las entrañas del Estado nos iremos –perdón- a la mierda.
Hasta ahora, la incertidumbre y los costes que genera la politización de la administración pública se medían sobre todo en términos económicos, pero la llegada de la covid-19 nos ha recordado que las consecuencias de esta mala práctica tienen un efecto más amplio y en este caso han afectado a la salud. Una de las lecciones que nos dejará la covid-19 es el valor de los servicios públicos y la importancia de una gestión adecuada de ellos. Conseguir una administración pública eficiente, formada por profesionales neutrales, para poder liderar organizaciones e introducir cambios profundos en sus estructuras y métodos de trabajo debería ser un objetivo de interés general.
Y es que, para mayor sonrojo, tanto el PSOE como del PP aprobaron en su día leyes que prohibían estas arbitrariedades, pero esas leyes han quedado reducidas a nada, pues, sin ser abolidas, se han incumplido sistemáticamente, lo cual exige una ley general sobre cargos públicos y yo propongo lo siguiente para esa nueva ley:
1. Los puestos hasta el nivel de Subsecretario (incluido éste) serán cubiertos por funcionarios y el sistema de selección deberá hacerse mediante un tribunal o comisión que, a su vez, saldrá de un sorteo entre expertos (funcionarios o no) en las competencias del ministerio correspondiente.
2. El número de asesores y otros cargos de libre designación se deberá reducir drásticamente y lo ideal sería limitarlos a la secretaría personal del ministro correspondiente. En el caso del presidente del Gobierno, su gabinete sería más amplio pero el 80% de sus miembros tendrían que ser funcionarios.
3. Los concursos o subastas de obras o servicios nunca los resolverán los cargos políticos sino comisiones formadas por funcionarios expertos en las obras o servicios a los que se concurse.
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