La jubilación anticipada constituye la opción elegida para su retiro por el 40% de los trabajadores en España. En otras palabras, cerca de 132.000 personas salen de la población activa por esta vía cada año. Se trata de un número los suficientemente cuantioso como para provocar consecuencias de gran calado en la Seguridad Social.
Por un lado, el objetivo de alargar las carreras laborales, perseguido por las reformas del sistema de protección acometidas en la década pasada, se halla muy lejos de conseguirse. Desde 2011, la edad oficial de retiro crece paulatinamente de modo que, en enero de 2021, está ya situada en los 66 años. Sin embargo, el recurso a las jubilaciones anticipadas, y a las prejubilaciones, hace que esa marca no se cumpla, y el momento efectivo en el que los españoles dejan de trabajar sea notablemente inferior: a los 64,4 años. Pero, además, en el caso de las jubilaciones anticipadas, debe tenerse en cuenta la merma de ingresos que supone para la Seguridad Social. En concreto, son 1.150 millones los que el Estado pierde cada año en concepto de las contribuciones que los trabajadores que se retiran prematuramente no pagarán. Se trata de un alto coste para un sistema de pensiones sometido, desde hace décadas, a una fuerte presión por el rápido envejecimiento poblacional y un fuerte desequilibrio demográfico. Pero la situación amenaza con volverse insostenible en un escenario marcado por una crisis como la actual, en el que la destrucción de empleo mengua todavía más los ingresos por cotizaciones sociales.
El alto volumen de jubilaciones anticipadas supone una grave merma de ingresos para el sistema de pensiones
Resulta urgente, y así lo exigirá la UE para liberar las futuras ayudas europeas, que la próxima reforma de pensiones fomente el cumplimiento efectivo de la edad legal de jubilación.
