El salario mínimo interprofesional (SMI) es uno de los caballos de batalla en el enfrentamiento que mantienen las facciones del PSOE y Podemos en el Gobierno. Es ya claro que el partido morado no renunciará a una nueva subida de esta remuneración en 2021, pese a que la oposición de ministros como Carmen Calvo sea tajante.
Sin embargo, sí aceptaría que el avance quede en el 0,9%, en línea con los aumentos previstos para funcionarios y pensionistas. Se equivocan quienes juzguen que se trata de una revalorización muy limitada, carente de efectos en la economía. Los incrementos del SMI tienen una influencia en el conjunto de los costes laborales más profunda de lo parece. Además de las actividades ligadas directamente a esta remuneración, hay efectos de segunda ronda intensos en múltiples sectores, cuya negociación colectiva utiliza el salario mínimo como referencia básica. Se desencadenará así una nueva presión para que el promedio de los costes laborales siga al alza en España, una tendencia que ha mantenido de forma constante desde 2019. Basta, por ello, un 1% de incremento en el SMI para abocar a su desaparición a 50.000 empleos (45.000 en el caso de un 0,9% de avance en 2021), según las simulaciones estadísticas más fiables. El daño puede ser incluso mayor en un contexto tan difícil como el presente en el que miles de empresas se encuentran paralizadas.
Podemos impulsa un alza del SMI de la que puede sacar réditos a corto plazo pero que dañará al mercado laboral
En estas circunstancias, el único beneficio que puede esperarse del avance del SMI es mejorar en el muy corto plazo, aquél que marcan las elecciones catalanas, las perspectivas electorales de Podemos, la verdadera prioridad de ese partido. Pero, en cuanto al mercado laboral en su conjunto, sólo puede esperarse el agravamiento de una situación que ya es crítica.