La victoria de la aprobación frente al rechazo ha sido apabullante en el plebiscito constitucional chileno. También la decisión de que la nueva Constitución sea redactada por una convención constitucional pura de 155 miembros, elegidos por sufragio popular, y no un órgano mixto, con la mitad de sus integrantes provenientes del actual Congreso. Las encuestas preveían estos resultados, de modo que ha habido escasas sorpresas al respecto, más allá de la enorme diferencia entre las dos opciones en juego.
Despejadas las incógnitas de la jornada electoral, cabe ahora hacer un breve balance de su desarrollo y plantear algunas preguntas que pongan de relieve la magnitud de los desafíos por venir, a la vez que constatar todo lo que se juega Chile en este envite.
Quizá lo primero a resaltar fue la forma pacífica en que se desarrollaron los comicios, más allá de algunos pequeños incidentes, lo que habla de la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad de reencausar las masivas, en algunos casos violentas, protestas de fines de 2019 por derroteros más pacíficos e institucionales. En este grupo hay que incluir, obviamente, muchos de quienes, por distintas razones, decidieron no ir a votar el domingo 25.
Imposible deslegitimación
Esto nos lleva directamente a analizar la participación, saldada con un 50,9%, un poco mayor que la registrada en las elecciones presidenciales de 2017. ¿Es mucho o es poco? En Chile, hasta ahora, no se han podido poner de acuerdo sobre el significado real de esta cifra. Mientras algunos ven la botella medio llena, otros la ven medio vacía. Sin embargo, más allá de la discusión, con estos números nadie ha salido a deslegitimar el resultado.
Ni siquiera los más acérrimos oponentes a la reforma o a la convocatoria del plebiscito, situados respectivamente en la extrema derecha y en la extrema izquierda.
Cerrado el capítulo de la votación, ahora empieza lo más difícil. En primer lugar recomponer la unida de los partidos y los frentes políticos, tanto a diestra como a siniestra, pero a la vez dotarlos de credibilidad. Precisamente la imagen de todos los partidos, de todos, como sufrió recientemente en carne propia un alto dirigente del Partido Comunista, ha sido cuestionada por los manifestantes agolpados en las calles y plazas del país.
No hay que el olvidar que el próximo capítulo se escribirá el 11 abril próximo, cuando se elijan, de forma paritaria, a los constituyentes. ¿Serán capaces los partidos de renovar su dirigencia y presentar candidatos atractivos? ¿Habrá convergencia en los frentes de la derecha, el centro izquierda y la izquierda? ¿Se podrá ir, incluso, algo más allá? ¿Qué peso y presencia tendrán las candidaturas independientes dado el desprestigio de los políticos?
Una vez elegida, la convención tendrá un año (nueve meses más tres de prórroga) para redactar la nueva Constitución. Y aquí es donde aparecen las expectativas populares, que pueden ser excesivas, y comprometer el resultado, o pueden ser bien encauzadas y dar origen a un país diferente y mucho más inclusivo.
Altas expectativas
Pero, hay expectativas para todos los gustos. Unos las tienen al creer que la nueva Constitución podrá solucionar todos los problemas del país (pensiones, educación o sanidad, entre los más graves) y los suyos propios, otros, por pensar que el nuevo texto, bajo el influjo de un bolivarianismo trasnochado, acabará con la propiedad privada y con el orden económico que aportó bonanza, crecimiento y prosperidad en los últimos 30 años.
Si bien hoy son muchos los que quieren apropiarse de la paternidad de la victoria en el plebiscito, en realidad ella no pertenece a nadie. Ni los Maduro, los Morales o los Díaz-Canel hicieron nada para que esta se produzca. Ni siquiera sus mayores defensores en Chile jugaron un papel determinante en el triunfo del apruebo.
El expresidente Ricardo Lagos lo definió claramente cuando dijo que el domingo Chile había "recuperado un poquito de su autoestima", apuntando a que el principal ganador fue todo el pueblo chileno. Será él, y principalmente a sus representantes, quienes escriban la nueva Constitución, estipulando el nuevo sistema político, el tipo de gobierno y el marco económico y social que estarán vigentes en las próximas décadas.
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