En la presentación de su Plan para la Recuperación, el presidente Pedro Sánchez distinguió como uno de sus pilares la formación de trabajadores y parados. Hasta el punto de que aseguró que ése sería el fin del 18% de las ayudas europeas que el Gobierno quiere invertir entre 2021 y 2023.
Sin embargo, no hace falta esperar a las transferencias de la Unión para disponer de recursos que puedan emplearse de ese modo. Lo evidencia el reducido aprovechamiento que se obtiene de las cuotas, que las empresas españolas pagan mensualmente por sus trabajadores, destinadas específicamente a la formación de los mismos.
Cada año cerca de un 20% del total acumulado por este concepto queda sin emplearse. Los agentes sociales señalan como principal causa de esa infrautilización a la ley que, desde 2015, regula este tipo de formación. La norma es muy exigente a la hora de fijar las condiciones para financiar cursos. Como mínimo el 40% de las subvenciones que reciben queda retenido hasta que el curso ha terminado y se puede justificar cuál fue su actividad.
Evitar errores pasados
El Gobierno se muestra dispuesto a flexibilizar estas exigencias. Sin duda, hay margen claro para las mejoras, como reducir los ahora largos plazos (pueden llegar a dos años) para hacer comprobaciones y desembolsar las subvenciones.
Pero la reforma de la ley no debe desviarse hacia el extremo opuesto y flexibilizar en exceso los controles. Están todavía recientes los escándalos que la flagrante malversación de fondos dedicados a cursos de este tipo provocó. Conviene mantener una supervisión adecuada y evitar claros errores del pasado como permitir que quienes controlan su financiación sean los mismos que los han diseñado y organizado.