El último informe anual de la Comisión Europea sobre la situación del empleo en la UE contiene una significativa valoración de los convenios salariales de empresa frente a los fijados para sectores en su conjunto. Bruselas deja claro que los acuerdos del primer tipo son especialmente eficientes a la hora de alinear la evolución de los sueldos con la productividad de las plantillas y con el contexto económico general.
La reforma española de 2012 se caracteriza precisamente por permitir que, en situaciones de crisis como la presente, las empresas puedan descolgar su negociación salarial particular de los convenios sectoriales. No constituye ninguna novedad que la Comisión vuelva a resaltar los aspectos positivos de esa norma, como lleva años haciendo. Sin embargo, es significativo que insista en esta mensaje, precisamente cuando el Gobierno retoma el proyecto de derogar lo que considera los "aspectos más lesivos" de la reforma, entre los que siempre sitúa la primacía de los convenios de empresa. Conviene tomar en serio este mensaje en el actual contexto, cuando aún está pendiente el futuro reparto de las ayudas europeas contra la crisis. Bruselas no ha marcado una condicionalidad específica para este nuevo Plan Marshall, pero sí dejó claro que los beneficiarios deberían cumplir con las directrices que la Comisión les marcó en los informes anuales previos al Covid sobre sus economías. En el caso español, la necesidad de preservar la flexibilidad en el mercado de trabajo ganada desde 2012 se ha reiterado de modo constante.
La derogación de las líneas maestras de la reforma de 2012 puede perjudicar el acceso a las ayudas europeas
Por tanto, la contrarreforma laboral que el Gobierno plantea constituye un peligro desde un nuevo punto de vista, al amenazar con obstaculizar el acceso a unas ayudas de las que la economía española no puede prescindir.
