La ministra Yolanda Díaz se muestra dispuesta a prolongar la vigencia de los Ertes de fuerza mayor vinculados a la crisis hasta finales de enero del año próximo. La propuesta aún tiene que consensuarse con los agentes sociales, pero ya se puede afirmar que se trata de un cambio ineludible si el Ministerio quiere evitar que numerosas empresas se vean en una situación de imposible supervivencia desde octubre.
Las últimas semanas están siendo muy difíciles para ellas. La total ausencia de una hoja de ruta definitiva sobre el futuro de los Ertes de fuerza mayor a partir del 30 de septiembre aboca a muchas firmas a una oleada de despidos. La primera respuesta del Gobierno a esa amenaza se limitó a improvisar un dique de contención, prolongando hasta final de año las medidas que dificultan los despidos procedentes (con 20 dias de indemnización por año trabajado), para dar primacía a los no procedentes (que contemplan un pago de 33 días). Esta medida es muy cuestionable desde su planteamiento mismo, ya que impide a las empresas hacer ajustes de plantilla y costes que ahora son ineludibles, ante la parálisis de la actividad y la anemia del consumo. Sin embargo, se habría convertido en simplemente insostenible para las firmas si, en paralelo, no se produjera una prórroga de la vigencia de los Ertes de fuerza mayor con un horizonte temporal semejante.
Si la 'prohibición' de facto del despido se extiende, debe ocurrir lo mismo con los expedientes de fuerza mayor
Si la prohibición de facto que sufre el despido va a estar vigente más tiempo, la única contrapartida coherente que puede ofrecer el Gobierno es hacer lo mismo con los expedientes de regulación de empleo vinculados a la crisis. De lo contrario abocará a miles de compañías a un cierre seguro.
