Las ayudas europeas contra la crisis que España recibirá deberán destinarse a inversiones productivas y, entre ellas, los proyectos de digitalización ocuparán uno de los capítulos más importantes.
Serán 20.000 millones los que se provisionen para esta finalidad y el Gobierno quiere que una destacada parte se destine a la modernización de las Administraciones, el Estado especialmente. Se trata de un plan de largo alcance que no se limita a la mera renovación de equipos informáticos y de telecomunicaciones, sino que incluirá planes de aprendizaje y formación para los funcionarios y el personal contratado. Resulta imposible poner en duda la urgencia de una iniciativa de este tipo, dadas las importantes asignaturas pendientes que ministerios y todo tipo de instituciones afines tienen pendientes en esta materia. La necesidad de una mejora radical desde este punto de vista se puso de manifiesto cuando la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), durante la primera legislatura del expresidente Mariano Rajoy, la señaló como una de sus prioridades. Hubo ciertos avances, ya que España ha llegado a registrar altas posiciones en los estudios de la UE sobre esta materia. Sin embargo, la crisis generada por el Covid vuelve a evidendenciar que la Administración española vuelve a verse superada.
El plan de inversiones para modernizar la Administración es necesario para evitar nuevos colapsos
El caos en el que se vieron sumidos los Servicios de Empleo, en aspectos tan básicos como el desembolso de los Ertes, aflora unas deficiencias flagrantes. No puede volver a tolerarse que un colapso de esta magnitud (que también afectó a otras áreas como la Justicia), tan prolongado y tan nocivo para los ciudadanos, vuelva a repetirse.
