El preocupante fenómeno de la okupación de viviendas crece en toda España, por culpa de una legislación que no ampara como debiera a los propietarios.
Sin embargo existen diferencias entre autonomías de gran calado, como el hecho de que Cataluña presenta seis veces más inmuebles okupados que Madrid. Una brecha de esta magnitud no sólo se explica por la permisividad de las leyes sino por la existencia de Administraciones que, con su sectarismo ideológico, alientan esta práctica.
Basta recordar cómo el Ayuntamiento de Barcelona aplaude lo que llama okupaciones reivindicativas. Las autoridades de estas áreas desprotegen así un derecho tan fundamental como la propiedad privada, y dejan al ciudadano en total indefensión.
