El Gobierno somete a consulta pública la nueva Ley de Movilidad, cuyo primer apartado aboga por una reforma de la "fiscalidad de las fuentes de energía y los medios de transporte". En otros términos, vuelve a plantearse la posibilidad de subir los impuestos al diésel.
Para ello, el Ejecutivo puede jugar una nueva baza: el reciente acuerdo europeo sobre el fondo de rescate reafirma todas las recomendaciones de reforma que la UE ha dirigido a los Estados miembros en los últimos años. En el caso de España, una de los mensajes más repetidos se refiere a modificar su tributación indirecta, incluyendo los gravámenes verdes, los especiales y el IVA. En nuestro país, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es la última voz que se suma a las propias del Banco de España y de Fedea reclamando una revisión del régimen de tipo reducido (situado en el 10%) propio del Impuesto sobre el Valor Añadido. Ahora bien, sería falso afirmar que la UE y los expertos coinciden en que cambios de este tipo, especialmente la subida fiscal que afecta al diésel, deban acometerse de forma inminente. El planteamiento de esta medida ya en 2019 creó polémica, al considerar la importancia que la producción de este tipo de motores tiene aún en la industria automovilística española, y la lenta implantación del coche eléctrico en toda Europa.
En plena recesión, el impacto de un alza fiscal para el gasóleo resultará letal para miles de empresas y de autónomos
Pero, sobre todo, saltaron las alarmas por el impacto que sufrirían los miles de autonómos y de empresas que no pueden ampararse en las restringidas bonificaciones del gasóleo profesional. Ahora, en medio de una recesión histórica, su situación es todavía peor, por lo que el incremento de sus gastos de transporte y distribución puede resultar letal para su supervivencia misma.
