El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que los bancos españoles deberán devolver a los clientes los costes de constituir una hipoteca (notaría, registro...), si se demuestra que el reparto de esos desembolsos entre la entidad y el consumidor fue abusivo. El sector financiero mostró cierta tranquilidad ante este fallo, porque hace una importante excepción.
Dentro de estos gastos, la mayor parte corresponde al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El Tribunal de la UE reconoce que la normativa española (anterior a la reforma de 2018) es clara cuando atribuye ese desembolso a los clientes, y los jueces europeos no cuestionan esa realidad. Ahora bien, no debe olvidarse que la sentencia presenta otro componente que multiplica los posibles efectos lesivos para la banca. En sus términos actuales, el fallo cuenta con retroactividad total. El número de posibles reclamaciones crece así exponencialmente; no en vano podría afectar a ocho millones de contratos, con un coste acumulado de hasta 16.000 millones. A ese daño potencial habría que sumar otros frentes judiciales aún imposibles de cerrar para la banca. Este mismo mes, el Tribunal de la UE abrió la puerta a que los acuerdos extrajudiciales, firmados entre entidades y clientes en el conflicto por las cláusulas suelo, puedan impugnarse ante un magistrado por considerarlos abusivos. Hay visos de que lo mismo ocurrirá con los pactos que buscaban evitar los litigios relacionados con el índice IRPH.
'Cláusulas suelo', IRPH y ahora los gastos de constitución de hipotecas son frentes aún abiertos para las entidades
La interminable incertidumbre judicial a la que los bancos españoles hacen frente no sólo conduce a un inevitable encarecimiento de las nuevas hipotecas. Además, volverá a golpear a su ya maltrecha rentabilidad, exigiéndoles mayores provisiones.
