El presidente Sánchez inicia su gira por las capitales de los países frugales del norte de Europa. Persigue el difícil objetivo de suavizar las condiciones que se le exigirán a España a cambio de acceder al fondo de ayudas europeas que se debate esta semana.
Sin embargo, mucho antes de la actual crisis, ya existía un claro repertorio de reformas que la UE reclamaba a nuestro país y que volverá a plantear ahora. No en vano en los últimos años, lejos de registrarse avances en estos capítulos, hubo francos retrocesos que amenazan incluso con ahondarse. Es inevitable que Bruselas reclame otra reforma del sistema de pensiones, no sólo por el nivel récord que el déficit de la Seguridad Social alcanzará este año. Además, el Gobierno borró las líneas maestras de la reforma de 2013 con su negativa a aplicar el factor de sostenibilidad en el cálculo de las prestaciones y con su intención de blindar su vinculación al IPC. La reivindicación de la reforma laboral de 2012 es también ineludible para Bruselas. Máxime cuando el Ejecutivo insiste (Trabajo lo repitió este mismo mes) en derogar sus "aspectos más lesivos", lo que implica acabar con medidas tan necesarias como la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales.
Ya antes de la actual crisis, Bruselas insitía en profundizar las reformas de pensiones y del mercado laboral
Es más, el Ejecutivo español desvía aún más su rumbo respecto al resto de la UE, con su insistencia en subir impuestos en plena recesión. Mientras, Alemania, Reino Unido, Italia y, desde hoy, Francia siguen el camino correcto con reducciones de su tributación directa e indirecta. De este modo, España afronta una negociación crucial para su futuro, la referente al Plan Marshall de la Comisión Europea, con el pie cambiado en política económica respecto a sus principales socios.
