El sector del comercio ya puede hacer un primer balance del desarrollo de la desescalada y el resultado es preocupante. En mayo, un mes marcado en toda su extensión por el proceso de desconfinamiento, las ventas aún cayeron un 74%.
Se trata de una cifra todavía muy cercana al 80% registrado en abril, un periodo en el que las restricciones del estado de alarma tenían completa vigencia. Sobre esta base, resulta muy difícil ser optimista sobre lo que ocurrirá en este mes y en los venideros. En una crisis de demanda como la actual, no cabe esperar una recuperación rápida del consumo. En nada ayudan a estimularlo las fuertes exigencias que impone el diseño de la desescalada para los comercios. Incluso aquéllos que pueden garantizar la distancia social siguen sujetos a limitaciones de aforo, al contrario de lo que ocurre en Italia o Francia. El pleno uso del espacio se demora, en muchos casos, hasta la llegada de la nueva normalidad, y siempre sujeto a lo que los Gobiernos autonómicos dictaminen. Por el contrario, las empresas apenas recibieron alivios en sus obligaciones. Tras haber acometido cuantiosas inversiones en mamparas y equipos de protección, su liquidez se ve aún más mermada por la atención a los gastos corrientes (alquileres, proveedores...) y al pago de los impuestos, una vez que las moratorias de pago están cada vez más cerca de extinguirse.
Las ventas caen a ritmos propios del confinamiento, mientras las firmas no reciben alivio en sus obligaciones de pago
Los Ertes también amenazan con dejar de ser una ayuda, si su extensión más allá de junio se supedita a rebajar la bonificación de las cotizaciones sociales. La voz de alarma que lanza el sector está plenamente justificada. En estas condiciones, y ante la inacción del Gobierno, la reapertura acabará siendo inviable para miles de comercios.