Apenas transcurrió un mes desde que el Gobierno aprobó un nuevo crédito del Estado para la Seguridad Social, de 13.800 millones, pero ahora son necesarios otros dos del mismo tipo. En total se han liberado este año 45.000 millones en préstamos para auxiliar a esta Administración pero seguirá afrontando graves problemas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el déficit de la Seguridad Social se triplicará en 2020, hasta llegar a los 60.000 millones (o incluso más de 73.000 millones en el peor de los escenarios).
El sistema de protección soporta ya una extraordinaria carga. Por un lado, el gasto en pensiones continuará al alza. Lo ocurrido en mayo, con el primer descenso mensual de este desembolso en su serie histórica, es un efecto puramente coyuntural causado por la tragedia del coronavirus. La realidad es que el envejecimiento demográfico, la subida de la pensión media o la recuperación de sus revalorizaciones con el IPC empujan este gasto al alza. Y a ello hay que sumar la ingente destrucción de empleo que la recesión acarreará, lo que merma los ingresos derivados de las cotizaciones y multiplica las peticiones de subsidios por desempleo. Resulta sorprendente que, en tan difícil situación, el Gobierno eche más leña al fuego del gasto y, desde la semana próxima, ponga en marcha una nueva renta mínima vital. La situación de la Seguridad Social está abocada a una situación límite. Los préstamos del Estado son sólo un parche que exige pagar el precio de elevar una deuda pública ya en niveles récord.
Ni siquiera los tres préstamos estatales aprobados palían el déficit de 60.000 millones esperado para este año
En estas circunstancias, no puede demorarse más la puesta en marcha de un plan de racionalización del gasto sin el cual la Seguridad Social carece de futuro sostenible.
