La derogación íntegra de la reforma laboral, pactada en secreto el lunes por PSOE, Podemos y Bildu, quedó ayer reducida por el Gobierno a cambios en el Estatuto de los Trabajadores, en el marco del diálogo social. La vicepresidenta Calviño fue decisiva en esta neutralización de una decisión catastrófica.
Esgrimió un argumento incontestable, como es la inaudita inseguridad jurídica que se derivaría de dejar el mercado de trabajo huérfano de estructura legislativa. Pero más contundente resultó su apelación a la imposibilidad de acceder a ningún tipo de ayuda europea. Nadie puede creer que la UE auxiliaría a un país que no sólo se permite ignorar cualquier recorte de gasto no productivo, sino que cercena unas medidas laborales calificadas por Bruselas de "necesarias" desde su promulgación. Con el paso atrás del Gobierno, se evita ese seguro portazo de Bruselas pero la crisis dista de resolverse. El diálogo social se suspendió y el Ejecutivo se gana a pulso la pérdida de apoyos parlamentarios, como el propio del PNV, tras conocer un pacto urdido a sus espaldas. Pero la gran fisura se halla en el primer enfrentamiento directo entre el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias. El líder de Podemos ya no se limita a defender posiciones extremistas en el Consejo de Ministros; su afán de actuar por libre lo lleva a degenerar hacia la más franca deslealtad, desautorizando en público a Calviño. No se puede disculpar a Iglesias, amparándose en otro error o improvisación en el Gobierno.
El premeditado afán del líder de Podemos de crear inestabilidad ya no sólo mina al Gobierno sino a todo el país
Su irresponsabilidad a la hora de atizar el conflicto no sólo afecta al Ejecutivo sino al conjunto del país cuando se enfrenta a una crisis histórica. Resulta ya una necesidad urgente que Sánchez rompa con Iglesias y forme un Gobierno de emergencia nacional.