Dentro del poco espacio que va dejando la pandemia del Covid-19 al debate político y social ordinario, surge de nuevo, en el contexto de los acuerdos para prorrogar el Estado de Alarma, la propuesta de derogar la Reforma Laboral de 2012.
No debería sorprender a nadie, a fin de cuentas es una de las promesas electorales del Partido del Gobierno y una de las bases de los Acuerdos de Investidura. Más allá del recorrido que pueda tener la propuesta es razonable que continúe sobre la mesa. Sin embargo si ya tenía dificultades antes proceder a la reforma de la Reforma, parece que en este nuevo contexto estas pueden verse agravadas.
El acuerdo previo de los agentes sociales es la única llave para superar el trámite legislativo
Cualquier reforma laboral de envergadura no puede quedar fuera del Programa de Reconstrucción Económica, sea este pactado o no, por lo que inevitablemente el Gobierno se ve obligado a introducir sus contenidos en la oferta de un pacto que parece tener difícil recorrido y evitar decisiones unilaterales.
La mera derogación de la Reforma Laboral de 2012, entendida esta como debe ser, es decir a través de un artículo único que derogue totalmente el texto anterior, es inviable y poco deseable, así se han expresado todos los analistas y juristas y en muchas ocasiones ministros del propio Gobierno, puesto que dejaría un importante vacío en la normativa de las relaciones de trabajo que perjudicaría a todas las partes. Sólo es posible a través de diversas normas que vengan a derogar algunos aspectos, sustituir otros o modificar los restantes. El conjunto de todas estas medidas es lo que el Partido del Gobierno denomina un nuevo "Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI", sin duda una meta alcanzable y objetiva, pero este nuevo Estatuto no puede ser sólo una anulación de normas anteriores. Tiene que incorporar la doctrina jurisprudencial ya alcanzada en estos años y por supuesto añadir la ordenación de nuevas realidades como es el teletrabajo o la desconexión digital.
Es momento de propuestas efectivas, viables y políticamente aceptables
Esta reforma, además de las dificultades técnicas que pudiera encontrar, se enfrentará a dos necesidades, de una parte la de un amplio acuerdo con todos los agentes sociales, que en esta materia tienen prácticamente todo que decir, y además una difícil reválida parlamentaria. En este contexto el acuerdo previo es más importante que nunca y casi la única llave para superar el trámite legislativo.
Así pues el Gobierno debería abordar reformas parciales. Sin duda la primera será recuperar el ámbito de competencia de la Negociación Colectiva, que en ningún caso tiene porque ir en contra del interés de los Convenios de Empresa, instrumentos estos últimos que en general han resultado positivos para los trabajadores y para el clima laboral, sino que tan sólo hará más objetivas las causas por la que una empresa pueda descolgarse de los acuerdos de carácter colectivo. Este impulso a la participación debe venir acompañado del reconocimiento del papel institucional de los agentes sociales que en buena parte quedó afectado negativamente con la legislación de 2012.
Este sería el primer paso que podría abrir la puerta a un consenso más amplio siempre deseable, pero al que no se le pueden poner palos en la rueda desde el primer momento. Ahora no es el tiempo de anuncios vacíos, sino de propuestas efectivas, técnicamente viables y políticamente aceptables por casi todas las partes, aunque siempre habrá algunos que prefieran no sentarse en la mesa, sino disparar indiscriminadamente desde debajo de ella y así conseguir que el acuerdo resulte imposible o más difícil.
