La ola del coronavirus también tendrá efectos devastadores para el sistema español de pensiones. El sobreendeudamiento del Estado para paliar los efectos de la pandemia y la profunda recesión que todos anticipamos mermarán aún más la ya de sí cuestionada capacidad de las cuentas públicas para garantizar el pago de las jubilaciones en los próximos años. Ante esta tesitura España sólo tiene un camino si quiere preservar el estado del bienestar: incentivar otros sistemas de ahorro, como los planes de empleo de empresas o los planes de pensiones privados.
Por eso es buena noticia que hace unas semanas el Congreso de los Diputados convalidara la transposición de la Directiva IORP II de la Unión Europea. IORP II se presenta como la gran oportunidad de evolución de un sector todavía incipiente en España con apenas 35.000 millones de euros invertidos en fondos de empleo.
El coronavirus merma aún más la cuestionada capacidad de las cuentas públicas
Actualmente la norma se está tramitando como proyecto de ley. Cuando se apruebe, España podrá por fin desarrollar sistemas más parecidos a los de países más avanzados en esta cuestión como Reino Unido o Suecia, que en diferentes grados obligan a los cotizantes a derivar ahorros a fondos complementarios.
Si actualmente en España los fondos de pensiones se consideran un producto bancario y los fondos de planes de empleo un producto cuasi institucional, las nuevas competencias asignadas en materia de gestión y supervisión a las Comisiones de Control –propietarias del dinero invertido e integradas por representantes sindicales y empresariales— les dota de mayor independencia y les permite convertirse en entes con personalidad jurídica propia. Tendrán pleno acceso a los informes de gobernanza de la entidad gestora para supervisar cómo se gestionan los riesgos, cómo se controlan y las conclusiones del auditor interno. También podrán explorar el mundo de los mandatos de inversión y de los fondos de autor a través de gestoras especialistas que podrán gestionar directamente parte del patrimonio y reportarán directamente a sus Comisiones de Control, sin mediación alguna de la entidad gestora del fondo.
Esta nueva forma de gestionar los fondos permitirá además que partícipes y beneficiarios conozcan mejor las ventajas e inconvenientes del vehículo de previsión facilitado por el empleador, y así poder compararlo con otros productos de ahorro individual disponibles. La transparencia será el vehículo que incentive la voluntad de ahorro a la jubilación mediante fondos de pensiones privados y planes de empleo.
Y para seguir ahondando en el futuro bienestar de la población en su conjunto, IORP II promueve la inclusión de factores ASG en la toma de decisiones de inversión para alinear rentabilidad con conciencia social. Esto será clave para situar a los fondos de pensiones, y sobre todo a los fondos de empleo, a la vanguardia de los productos de ahorro a largo plazo en España.
Todo ello permitirá que nuestro sistema de pensiones avance hacia un sistema complementario. Sin embargo, se requiere de una reforma fiscal más profunda. Actualmente la legislación califica como rendimientos del trabajo las ganancias obtenidas en el momento del rescate del fondo, algo que no resulta atractivo y desincentiva el ahorro individual. Para promover la inversión deberían eliminar los límites de aportación a fondos (actualmente fijada en 8.000 euros anuales), incluso la deducción del IRPF en las aportaciones a los fondos, o considerar la percepción de la prestación como un rendimiento de capital. De este modo se evitaría que las ventajas fiscales que motivaron el ahorro se pierdan con una tributación inadecuada en el momento del rescate de la pensión.
Todavía queda un importante camino que recorrer. Está claro que la crisis del Covid-19 nos marca una única dirección que seguir para garantizar a todos los ciudadanos pensiones dignas ante un futuro cada vez más incierto.
