La ministra Teresa Ribera causó sorpresa con su respuesta a la inquietud que varios sectores, especialmente la hostelería, muestran ante el plan de desescalada presentado esta semana.
Ribera se limitó a instar a "que no abran" a los propietarios de negocios que se sientan incómodos con las fases de reactivación que el Ejecutivo establece. Se trata de una reacción fuera de lugar, considerando que los empresarios no buscan plantearle un pulso al Gobierno a través de sus críticas. Lejos de ser gratuitas, las quejas se derivan de problemas reales con los que se enfrentarán desde el lunes quienes quieran retomar su actividad. Los hosteleros y el pequeño comercio se encuentran con que tienen que sujetarse a normas de prevención de contagios que el BOE todavía no refleja. Cada sector toma ya la iniciativa en cuanto a la inversión en mamparas o equipos aislantes corriendo el riesgo de que la futura normativa (estatal, autonómica o municipal) los pueda rechazar. En el caso de la hostelería la situación es aún más difícil. Sus propietarios ven limitado su negocio, con estrictas restricciones de aforo, pero tendrán que hacer frente a mayores costes, por la previsible anulación, antes del verano, de los Ertes por fuerza mayor y la reincorporación de toda su plantilla. Sus problemas de liquidez aún se acrecientan por la falta de ayudas reales más allá de moratorias en sus obligaciones fiscales.
El pequeño comercio y la hostelería está abocado a mantener un cierre al que la ministra Ribera parece instar
Es por ello que previsiblemente, según temen sus patronales, miles de hoteles, comercios, bares y restaurantes optarán por continuar cerrados, como aconsejó la ministra Ribera. La obligación del Gobierno no es resignarse ante esta inactividad sino reformular las condiciones de la desescalada para que sea económicamente posible.
