La confusión reinó entre los autónomos sobre el alcance que tenían las medidas previstas para ellos en el plan de choque del Gobierno ante la crisis del coronavirus. Las informaciones publicadas ayer por elEconomista y las protestas de sus asociaciones de este colectivo evidenciaron la escasa protección que brinda la prestación extraordinaria por cese de actividad en el diseño que hasta ahora presentaba.
En ese modelo, el acceso a las ayudas demandaba que el beneficiario se diera de baja en Hacienda y la Seguridad Social. Esta situación plantea serias dificultades a dos tipos de autónomos. Por un lado, aquellos cuya actividad depende de una licencia administrativa se verían obligados a renunciar a ella. En cuanto a los autónomos societarios, los dueños de una sociedad limitada, se daba una llamativa paradoja: el acceso a un ayuda supuestamente diseñada para salvar su empresa les exigía, como requisito previo, que la cerraran. Debe valorarse que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social reaccione ante esta contradicción y prepare una ampliación del régimen de la prestación por cese de actividad. Así, no sólo estará al alcance de sociedades ya clausuradas; bastará con que hayan sufrido un descenso en sus ingresos del 75% en marzo, respecto al promedio de los últimos seis meses.
La ampliación del régimen propio de la prestación por cese inactividad resulta imprescindible para este colectivo
De este modo se conseguirá que una ayuda que, en su actual diseño, sólo resulta beneficiosa para el 15% de los trabajadores por cuenta propia alcance a todo el colectivo. Los autónomos se enfrentan a unas pérdidas de 18.000 millones en esta crisis, como el presidente de ATA, Lorenzo Amor, denuncia en elEconomista. Tan crítica situación demanda ayudas que tengan un alcance realmente efectivo.
