El presidente Pedro Sánchez, empezó ayer a desgranar las líneas maestras del plan de choque que el Gobierno pondrá en marcha para responder a la crisis del coronavirus. Ha sido necesario cerca de un mes desde que el número de contagiados empezó a crecer exponencialmente para que el Ejecutivo finalmente tome la iniciativa.
De hecho, Sánchez mostró claridad al advertir que las próximas semanas pueden ser todavía "difíciles" para la tarea del control de esta plaga. Ha habido que esperar también a que las instituciones europeas corrijan su lenta capacidad de reacción y esté ya en condiciones de movilizar un programa de 250.000 millones de euros frente la epidemia. Pese a estas demoras, debe valorarse que Moncloa haya tomado conciencia de la necesidad de responder ya a la dimensión estrictamente económica del problema tal y como, desde hace semanas, ha reclamado desde sus páginas elEconomista. A la espera de conocer los detalles fundamentales, sólo puede darse la bienvenida al próximo programa de inyección de liquidez para las empresas, previsiblemente a través del ICO, y a las medidas para suavizar los compromisos de pago de las firmas en materia impositiva. Ahora bien, reconocer la necesidad de estos pasos no equivale a ignorar que la respuesta del Gobierno podría haber sido más completa y coherente con las dimensiones de la actual crisis. Sorprende que no haya ninguna referencia a una revisión completa de la hoja de ruta fiscal del Ejecutivo.
El propósito del Gobierno de desplegar ayudas para las empresas choca con su afán de mantener las alzas fiscales
No basta con actualizar las previsiones económicas, sino que deben anularse los planes de creación de nuevos impuestos o de subida de otros ya existentes. Perseverar en las alzas tributarias es un error que la economía pagará caro.
