Ni siquiera un mes pasó desde que Hacienda anunció que se serviría de la reforma de la financiación autonómica para armonizar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio de los diferentes territorios. Bajo ese eufemismo se esconde el propósito de acabar con las bonificaciones al 100% que Gobiernos como el madrileño han impulsado. Sin duda, así lo han entendido los contribuyentes.
Sólo de ese modo se explica el auge que experimentan las consultas sobre cómo se puede adelantar la transmisión de los legados a los herederos. Es más, muchos no se quedan en la solicitud de información y ya han hecho efectivas sus donaciones en vida. No es casual que este tipo de operaciones hayan experimentado un auge del 265% desde 2018 hasta este año. Del mismo modo, también se da un boom en la solicitud de transmisiones de patrimonio a países cercanos, Portugal especialmente, con el objetivo de disfrutar de los ventajosos regímenes fiscales de esos Estados para los capitales foráneos. Son todas muestras de hasta qué punto la batería de alzas fiscales generalizadas, aunque en su mayor parte no se haya materializado aún, genera ya una situación de incertidumbre para los ciudadanos. Es el mismo recelo que obliga a las empresas a retrasar, o replantearse, inversiones ante la amenaza de la eliminación de deducciones en Sociedades o mayores subidas en los costes laborales.
Los contribuyentes recurren a las donaciones en vida para esquivar la armonización de tributos que Hacienda busca
Esa situación siempre es perniciosa, dado que afecta a la creación de empleo y al crecimiento del PIB. Ahora, con el empeoramiento del horizonte económico por culpa de la crisis del coronavirus, las amenazas se multiplican. En este contexto, el Gobierno debería replantearse su estrategia de confiar toda la reducción del déficit a las subidas de impuestos.
