Esta semana ha entrado en vigor el Real Decreto Ley 5/2020 con el que el Gobierno de Pedro Sánchez adopta medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación en respuesta a la oleada de protestas que desde hace más de un mes llevan a cabo decenas de miles de agricultores y ganaderos en pueblos, ciudades y carreteras a lo largo de todo el territorio nacional.
En palabras del Gobierno, "el Real Decreto Ley contempla medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria". Nobles palabras y muy altos fines que habrá que ver si se pueden hacer realidad.
En mi opinión lo más importante de todo lo que contiene el RDL es la obligatoriedad de que en los contratos entre productores y primeros compradores el precio pactado cubra los costes de producción; la prohibición de la venta a pérdidas y de las promociones que banalicen el producto y el endurecimiento de las sanciones en caso de incumplimiento. Eso sí, echo en falta que en el etiquetado de los productos alimentarios no sea obligatorio el identificar el origen de los mismos (lugar de procedencia o país), medida que proponemos los productores porque aporta un mayor grado de transparencia y sobre todo, más información para el consumidor.
Lo importante es la prohibición de las ventas a pérdidas que banalicen el producto
En suma, por lo que respecta a Ley de la Cadena Alimentaria, lo recogido en el Real Decreto aprobado por el Gobierno puede ser positivo siempre y cuando cuente con los consensos necesarios por parte de todos los eslabones de la cadena para poder desarrollarse y ponerse en práctica, porque como se dice en el campo una cosa es predicar y otra dar trigo y el hecho de que los precios fijados en contrato sean superiores a los costes de producción, no parece que sea tarea fácil de llevar a cabo. Sin embargo, solo desde el consenso conseguiremos, entre todos, reequilibrar las fuerzas entre los distintos elementos de la cadena y mejorar el poder negociador de los productores.
Sin embargo, el verdadero nudo gordiano que se debe afrontar en esta negociación es el problema de rentabilidad de las explotaciones agrarias y en concreto las medidas que se deben adoptar para reducir los costes de producción que soportan los agricultores y ganaderos.
Carburantes, fertilizantes, semillas y abonos han incrementado sus precios exponencialmente y a esto debemos añadir, por una parte, los elevados costes salariales y energéticos y la alta presión impositiva que nos marca el Gobierno, y por otra, los exigentes requisitos que impone Bruselas para producir alimentos sanos y de calidad de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que también suponen un incremento de los costes productivos.
Urge por tanto que el Gobierno actúe en esta dirección, reduciendo impuestos (bajando el IVA de los insumos y servicios que consumen los productores y con una reducción del 85% de los impuestos de la electricidad); reduciendo costes salariales (bonificando las cuotas empresariales y reduciendo los tipos de Seguridad Social para autónomos y trabajadores por cuenta propia); y bajando costes energéticos (aplicando la doble tarifa eléctrica para riego).
Igualmente, es necesaria una fiscalidad más adecuada a la realidad del sector que no penalice la actividad empresarial. En este sentido, desde ASAJA proponemos incrementar el IVA compensatorio en ganadería para equipararlo al de agricultura y la deducción de los gastos de difícil justificación en la estimación directa del IRPF y exenciones del impuesto de transmisiones en las cesiones de derechos sin tierra y en las indemnizaciones del seguro agrario. De igual modo, sería deseable una reducción de la factura del gasóleo del 35% en el IRPF y del 15% en plásticos y fertilizantes.
Con estas medidas conseguiríamos reducir notablemente los costes de producción en el sector y aumentar la competitividad de nuestras explotaciones.
Si a lo anterior unimos un mayor esfuerzo de concentración de la oferta -vía cooperativas u organizaciones de productores que logren llegar hasta el último eslabón antes de la comercialización del producto- estaríamos ante un escenario radicalmente distinto en relación a las prácticas comerciales de los productos agroalimentarios. Como el propio ministro Planas ha reconocido "aún queda trabajo por hacer".
Urgen medidas que reduzcan los costes para elevar la competitividad de las explotaciones
Como también quedan pendientes algunos aspectos clave para mi Organización como son acometer con éxito la dura negociación de la reforma de la PAC, defendiendo el mantenimiento de un presupuesto que es esencial para el sector; reducir la excesiva burocracia que persigue a los agricultores en su día a día; actualizar y perfeccionar nuestro necesario sistema de seguros agrarios porque es una herramienta fundamental para el mantenimiento de las rentas, e impulsar la política de regadíos, con interconexión de cuencas y con un plan de desalación, porque el agua es riqueza.
Y acabo con una reflexión. Si se quiere se puede. Y pondré un ejemplo: la disposición del Gobierno de Pedro Sanchez, que más allá de lo aprobado esta semana, se ha comprometido con algunas medidas más entre las que me gustaría destacar el mantenimiento, durante toda la legislatura, del sistema de tributación por módulos para la agricultura y de las bonificaciones al gasóleo agrícola. Un botón de muestra de que las cosas, cuando hay disposición, se pueden hacer bien.
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