Un billón de euros: esta es la "ola de inversiones verdes" que la Comisión Europea pretende movilizar durante diez años con su Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo, lanzado en enero. Con este plan financiero, el brazo ejecutivo de la UE busca liberar la financiación pública y privada necesaria para alcanzar sus ambiciosos objetivos de descarbonización, así como proporcionar apoyo a los territorios que se enfrentan a graves retos socioeconómicos derivados de esta transición.
Pero, ¿podría ser esto realmente así? Lo dudamos.
Para alcanzar los objetivos del Green Deal europeo, será necesario realizar en Europa, de aquí a 2030, inversiones suplementarias de 300.000 millones de euros al año, en particular en materia de eficacia energética en los edificios, de automóviles limpios y de producción de electricidad eólica y solar. Incluso si la Comisión Europea logra movilizar un billón de euros de inversiones en diez años, esto sólo representaría un tercio de las necesidades de inversión adicionales asociadas al Acuerdo Verde Europeo.
Cumplir con los objetivos requiere de una inversión de un billón de euros en diez años
Para ser justos, habría sido difícil para la Comisión Europea hacer mucho más, dado el limitado tamaño del presupuesto de la UE. Pero esto indica claramente que se necesitan otras herramientas para liberar las inversiones verdes en Europa. Creemos que las dos herramientas más importantes son un marco fiscal reformado de la UE y un Banco Europeo de Inversiones (BEI) reformado.
La herramienta principal es el marco fiscal de la UE, que debería ser modificado para autorizar las inversiones verdes financiadas por el déficit. Es decir, las normas fiscales de la UE deberían modificarse para disuadir a los países de recortar la inversión pública cuando consoliden sus finanzas públicas y para garantizar que puedan aprovechar los tipos de interés favorables para invertir en bienes públicos. Una forma de hacerlo sería incluir algún tipo de regla de oro en el marco fiscal europeo para permitir la financiación de las inversiones mediante la emisión de deuda. Sin embargo, si no se puede llegar a un acuerdo para reformar a fondo las normas fiscales europeas para que sean más favorables a la inversión en general, una reforma centrada en la autorización de las inversiones verdes financiadas con déficit durante la transición debería ser una parte central del Acuerdo Verde Europeo.
Una manera de establecer una forma de "regla de oro verde" sería revisar la cláusula de inversión del marco fiscal europeo para hacerla mucho más flexible a fin de eximir de las normas fiscales a las inversiones públicas que mitiguen el cambio climático o se adapten a él. Por supuesto, se necesitarían normas de contabilidad claras para separar la inversión en la transición a un bajo nivel de emisiones de carbono de otros gastos. La reciente adopción de una taxonomía de la Unión Europea para la financiación sostenible ofrece una primera respuesta sensata a este desafío.
Una segunda herramienta es el BEI, que debería ser reformado para adaptar su misión y transformarlo realmente en el banco del clima de la UE. El BEI debería poder hacer más para financiar la transición verde. Su volumen de nuevos préstamos desembolsados ha ido disminuyendo cada año desde 2015, y el total de préstamos pendientes también se ha reducido. El BEI dispone claramente de cierto margen de maniobra para actuar con mayor contundencia: su coeficiente de capital ha aumentado en los últimos años, su apalancamiento ha ido disminuyendo desde 2012 y, según sus estatutos, puede prestar hasta dos veces y media su nivel de capital suscrito, más las reservas y los beneficios, lo que significa que su cartera de préstamos podría alcanzar unos 600.000 millones de euros, frente a los aproximadamente 450.000 millones de euros actuales. El BEI se beneficia actualmente de tipos de interés muy favorables para sus préstamos en los mercados de capitales y sería una lástima no aprovechar esta oportunidad para financiar proyectos valiosos que puedan contribuir a la lucha contra el cambio climático. Si los países de la UE temen (indebidamente) por la calificación del BEI, la Comisión debería proponer una nueva ampliación de capital, similar a la realizada a principios de 2013 para aumentar la capacidad de actuación del BEI en cumplimiento de su misión reforzada como banco de la UE para el clima.
Alemania se opone a la flexibilización fiscal necesaria para liberar el gasto ecológico
La clave de estas dos reformas no está en Bruselas, sino en Berlín. Los políticos alemanes han advertido sistemáticamente a Bruselas contra cualquier intento de flexibilizar las normas fiscales de la UE en un intento de liberar el gasto en proyectos ecológicos, y también han desestimado la idea de aumentar el capital del BEI para liberar la financiación para el clima. Esto es un claro esbozo de cómo Berlín -y no Bruselas- acabará por hacer o deshacer el Acuerdo Verde Europeo.
Entidades
Simone Tagliapietra
Economista del Instituto Bruegel (Bruselas)
