Apenas dos meses desde la formación del Gobierno bastan para evidenciar las grietas de la coalición PSOE-Podemos. En todo Ejecutivo de este tipo, son previsibles las tensiones, pero sorprende el afán con que el líder del partido morado, Pablo Iglesias, las persigue. En determinadas áreas, no duda en tomar la iniciativa sobre medidas ajenas a las competencias de su Vicepresidencia. Así actuó cuando abogó por crear una renta mínima ciudadana.
Corresponde al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social definir una prestación de este tipo. Además, necesita del visto bueno a su financiación de la presidenta de la Comisión Delegada y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, quien no lo concedió. En otras ocasiones, Iglesias se inmiscuye en negociaciones ya iniciadas por los departamentos que sí son competentes. Lo hizo en el conflicto agrario, al ignorar a Agricultura y prometer a los sindicatos nuevos cambios en el PER e incluso alentar sus protestas. De modo, semejante actuó en las conversaciones para volver a elevar el SMI. Afortunadamente, sus propósitos suelen chocar con resistencias, lo que no significa que sean paralizadas del todo. Lo evidencia el hecho de que el salario mínimo acabó subiendo otro 5% en 2020.
El vicepresidente busca debilitar a los ministros socialistas más cercanos a la ortodoxia económica y presupuestaria
Pero lo más grave es que la acción de Iglesias amenaza con una división en el Gobierno que va más allá de separar a los representantes de Podemos frente a los del PSOE. Su objetivo pasa también por agrietar el bando socialista y debilitar la posición de los ministros partidarios de la ortodoxia económica y presupuestaria. Es una estrategia que sólo beneficia a Iglesias y que entraña un gran peligro, ya que puede propiciar que sus medidas fiscales o laborales de mayor radicalidad salgan adelante.
