La coalición PSOE-Podemos inicia su ofensiva para elevar la presión fiscal. Lo hace recuperando los proyectos de ley que crean dos impuestos: el primero afecta a las transacciones financieras (tasa Tobin); el segundo, a la economía digital (tasa Google).
El articulado de ambas normas es casi idéntico al que el Ejecutivo presentó en 2019 y que finalmente el Parlamento no pudo discutir. Sin embargo, existe una importante diferencia, ya que Moncloa ya admite el exceso de optimismo de sus expectativas de recaudación, sobre todo, en la tasa Google. Desde el inicio, se puso en cuestión que el impuesto digital pudiera obtener 1.200 millones anuales. Ahora, Hacienda se aviene a rebajar esa cifra hasta 968 millones alegando los efectos de la desaceleración del PIB. En total, el rendimiento total de ambos impuestos queda ahora en 1.818 millones, un 11,3% menos de lo estimado en 2019. Con todo, el problema que plantean ambas figuras tributarias va más allá de recaudar poco. Anunciar de modo unilateral una tasa Google, sin esperar a una previsible armonización con la OCDE o al menos con la UE, mina la competividad española. Poco importa que el pago se demore a diciembre porque, en caso de que se produzca, su liquidación afectará al ejercicio 2020 entero.
Las tasas Tobin y Google no sólo recaudarán menos de lo esperado, sino que restarán competitividad al PIB español
En el caso de la tasa Tobin, todo apunta a que el daño será más rápido, e incluso más intenso. Gravar operaciones como comprar y vender acciones golpea directamente a los ahorradores y hará caer más el volumen de contratación en bolsa, que en 2019 ya descendió un 18%. Pero, sobre todo, debe considerarse el modo en que fomenta el desmantelamiento de la industria financiera en España y su traslado a otros países, lo que sumará un nuevo daño a la economía de nuestro país.
