La suspensión del Mobile World Congress de Barcelona plantea unas dificultades jurídicas de primer orden. En primer lugar la gran diversidad de actores involucrados, desde operadores de telecomunicaciones hasta restaurantes y hoteles. Existe también debate sobre si el caso deberá dirimirse según la legislación española o recurrir a un arbitraje internacional.
Pero igualmente incierto es el recorrido del plan de la organización de invocar una causa de fuerza mayor para reducir al mínimo las indemnizaciones. El hecho de que la OMS declarara una alerta internacional por el coronavirus no es la solución a todo. En España no se han necesitado medidas de excepción y en países vecinos otros foros internacionales siguen en pie. Se prevé así una larga batalla judicial.
