Agricultura, y el propio presidente Sánchez, no dudaron la semana pasada en señalar a la gran distribución como responsable de los bajos precios a los que se someten los productos del campo. Sólo puede sorprender la facilidad con la que el Gobierno descarga responsabilidades considerando el alto peso que una empresa totalmente estatal, Mercasa, tiene en la cadena de suministro.
No en vano acapara el 65% de la compraventa de hortalizas y fruta en España, a través de los macromercados llamados Mercas. Sería deseable, por tanto, una mayor proactividad de la Administración a la hora de buscar soluciones a este problema. La Ley de la Cadena Agroalimentaria, plenamente en vigor, y sobre todo la actividad de Mercasa son palancas decisivas para ello.