El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes a un acuerdo por el que se aprueba la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, con la que el Gobierno se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días de legislatura, posicionando la lucha contra el cambio climático como un eje transversal en torno al que impulsar políticas de calado.
Es verdad que se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas de vivienda, pero lo cierto es que siempre que se habla de combatir la contaminación se suele incidir en los vehículos, cuando hasta el 40% de las emisiones nocivas que se registran en las grandes ciudades proceden de los edificios "depredadores de energía".
España ha tomado el testigo de la ONU, que en la cita mundial más importante, celebrada este año en Madrid, pidió medidas urgentes para revertir esta crisis climática.
Los edificios y no los vehículos son los responsables de hasta el 40% de las emisiones
Los gases de efecto invernadero en la atmósfera marcaron durante el pasado año un nuevo récord. Y, tras los nuevos compromisos adquiridos al respecto, las emisiones tendrían que recortarse a la mitad en 2030 respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. En este marco, caracterizado por la urgencia de limpiar el aire y reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, no únicamente cabe pensar en restricciones de tráfico e impulsos de sistemas eléctricos 100% renovables, pues la contaminación y el volumen de emisiones nocivas para la atmósfera también se debe al elevado número de edificios y viviendas en las que se derrocha energía.
Y ello se debe, fundamentalmente, al envejecimiento del parque de viviendas en España, que avejenta al 3,3% anual, hasta el punto de que las primeras casas de la pasada burbuja inmobiliaria empiezan a cumplir la mayoría de edad, de manera que más del 80% de las viviendas actualmente tiene más de 18 años. Un envejecimiento que deja en entredicho la posibilidad de ajustarse a los nuevos estándares de la edificación sobre condiciones térmicas y energéticas, fomentado el mix óptimo de medidas pasivas y activas para cada actuación, y por supuesto fomentando la utilización de sistemas renovables de generación de energía en edificación.
Para todo ello es fundamental crear un marco legislativo claramente orientado a propiciar la actividad de rehabilitación de forma clara, impulsar medidas directas de apoyo a la decisión de los propietarios e idear un marco formativo alineado con los objetivos de un modelo de transición edificatoria hacia la rehabilitación.
Los agentes de la construcción debemos ser los aliados naturales en este proceso. Y es que a la hora de luchar contra la contaminación en las ciudades, tan importante es poner la lupa sobre las emisiones que generan los vehículos como rehabilitar energéticamente los edificios y viviendas más antiguas del parque, para lo que también sería efectivo incluir beneficios fiscales en el IBI, ahora que se ha propuesto idear un sistema fiscal compatible con la descarbonización de la economía y de la sociedad.
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