España está incumpliendo el objetivo de reducir la intensidad media de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles suministrados al transporte en un 6 por ciento para 2020 con respecto al nivel de 2010. El Gobierno no ha exigido el cumplimiento de este objetivo a los suministradores de estos combustibles pese a que la obligación legal forzaba a hacerlo antes del 31 de diciembre de 2010.
La Comisión Europea mantiene abierta desde el pasado mes de septiembre una investigación sobre este incumplimiento que, en caso de no subsanarse, conducirá previsiblemente a la apertura contra España de un procedimiento de infracción de la normativa europea.
El artículo 7 bis de la Directiva 98/70/CE establece en su apartado 2 la obligación de los Estados miembros de la UE de exigir a los proveedores de combustibles para el transporte reducir esta intensidad media de las emisiones de gases en al menos un 6 por ciento para 2020 en relación con el valor de referencia fijado para 2010. Adicionalmente, la Directiva habilitaba a los Estados a establecer objetivos indicativos intermedios de reducción de dicha intensidad del 2 por ciento para 2014 y del 4 por ciento para 2017, así como la posibilidad de elevar el objetivo mínimo obligatorio fijado para 2020 desde el 6 por ciento hasta el 10 por ciento.
Al no haber incorporado a la legislación española ninguno de estos objetivos ni exigir su cumplimiento, España incumple sus obligaciones legales en esta materia.
Por ese motivo, fuentes del sector reclaman que la transposición se realice de manera urgente, ya que, de lo contrario, resultará prácticamente imposible que España cumpla el objetivo obligatorio de reducir la intensidad de las emisiones en el transporte fijado para 2020.
Un reciente informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (Aema) titulado Quality and greenhouse gas intensities of transport fuels in the EU in 2017 revela, además, que España incumplió en 2018 la obligación de informar a la Comisión Europea sobre la intensidad de las emisiones de GEI en el transporte del año anterior.
A partir de los datos oficiales de consumo de combustibles en el transporte en España, se puede estimar que la intensidad media de las emisiones de GEI de los combustibles suministrados en el transporte en España se habría situado en 2017 y 2018 en 92 gCO2eq/MJ y 91,4 gCO2eq/MJ, respectivamente, cifras que representarían una disminución respectiva del 2,2 por ciento y del 2,9 por ciento con respecto al valor de referencia de 2010 (94,1 gCO2eq/MJ). Estas reducciones son claramente inferiores tanto a las que la Directiva indicaba para 2017 (4 por ciento) como a la reducción media alcanzada ese mismo año en la UE (3,4 por ciento) según el citado informe de la Aema.
Más del 90 por ciento de las reducciones alcanzadas en España han sido aportadas por los biocarburantes, correspondiendo el resto a la contribución de algunos combustibles fósiles (GLP, gas natural y gasolinas) y de la electricidad utilizada en el transporte. El cumplimiento del objetivo fijado en la citada Directiva requeriría incrementar sustancialmente el consumo en España de biocarburantes y otros combustibles alternativos.
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