Podemos quedó descolocado ante el anuncio del Gobierno de que, en el futuro Ejecutivo, la Vicepresidencia de Pablo Iglesias se verá acompañada de otros tres cargos de igual rango (uno más sobre lo que se esperaba) y todas estarán en manos de los socialistas. La irritación del partido morado va más allá de una mera cuestión de reparto de sillones.
La última incorporación, la Vicepresidencia de Transición Ecológica cuya titular será Teresa Ribera, concentra en la hasta ahora ministra concentra competencias en materia ecológica, energética e incluso industrial, sobre las que Iglesias podía influir decisivamente en su calidad de vicepresidente encargado de aplicar la Agenda 2030. Se equivoca quien minusvalore este protocolo por el hecho de que su contenido está ya prefijado por la ONU según sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es potestad de cada uno de los Estados que, como España, suscribieron ese compromiso especificar cómo se concretarán y, sobre todo, en qué plazos. Las materias implicadas afectan a todos los niveles de la Administración y abarcan un muy amplio abanico que afecta a pilares económicos básicos (Seguridad Social, las normativa laboral o la redistribución de la riqueza).
No debe minusvalorarse la influencia que supone confiar al líder de Podemos la implantación de la Agenda 2030
La influencia potencial de Iglesias se ha visto notablemente recortada con el nombramiento de Teresa Ribera, pero es innegable que aún puede tener un peso decisivo en debates de gran calado como el blindaje del poder adquisitivo de las pensiones o en la implantación de reformas en el mercado de trabajo de la índole de la mochila austriaca. El modo en que se han repartido estas competencias amenaza con ser una fuente de conflictos en el futuro, de modo que esta escaramuza entre el PSOE y Podemos sea sólo el inicio.
