El difícil acuerdo presupuestario

En el mismo día en el que Pedro Sánchez prometió su cargo como presidente del Gobierno, ERC se encargó de dejar claro que ahora comienza para el Ejecutivo una fase de negociación incluso más ardua que aquélla que condujo a la investidura de Sánchez.

No en vano el vicepresidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, adelanta ya algunos de los duros peajes que Esquerra pretende imponer en el corto plazo para llegar a acuerdos. Tal y como se preveía, a los independentistas no les interesa atrincherarse, desde el primer momento, en una posición tan maximalista como sería demandar ya una consulta sobre la autodeterminación en Cataluña. Con todo, aunque Aragonès evite ahora ese extremo, no debe restarse importancia a sus actuales reivindicaciones, en particular aquélla que demanda al Estado que renuncie a personarse en las causas judiciales abiertas contra dirigentes independentistas. Resultaría inaudito que el Poder Ejecutivo se viera privado de su capacidad de reacción ante los ataques contra el orden legal del que deriva su autoridad misma.

El Estado no debe renunciar a su derecho de personarse en las causas judiciales abiertas contra el independentismo

Si el Gobierno aceptara, el Estado depondría su derecho a una defensa legítima frente a actos sediciosos o rebeldes. Incluso puede decirse que estos dos delitos quedarían vaciados de contenido (ya que el principal perjudicado por ellos no reconocería el daño que dichos atentados contra la ley le provocan). Se trata de una cesión con la que el Ejecutivo no puede transigir y que demuestra ya hasta qué punto Esquerra está dispuesta a tensar las futuras negociaciones sobre aspectos tan importantes como los nuevos Presupuestos Generales para 2020. Resulta así imposible descartar una prórroga presupuestaria y la continuación del bloqueo institucional.

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