Pedro Sánchez fue ayer investido presidente por dos votos de diferencia a su favor. Sin duda es un margen exiguo, aunque conviene no concluir precipitadamente que el nuevo Ejecutivo está condenado a tener una corta vida. El Congreso presenta una fragmentación inédita en la historia democrática española, pero es un hecho que los opositores de Sánchez no suman mayoría absoluta.
Resulta también cierto que nuestro país carece de experiencia en Ejecutivos de coalición; con todo, existe una afinidad ideológica entre PSOE y Podemos que no se da en otros Gabinetes multipartido europeos, como el austriaco donde se han juntado los conservadores y los ecologistas ("toda una osadía", según reconocen en ese país). Ahora bien, reconocer estas ventajas no impide vislumbrar las dificultades que supondrá aprobar medidas para un Gobierno que dependerá de los peajes que las fuerzas independentistas quieran imponer. No cabe esperar un aumento inmediato de la tensión desde el primer día por parte de ERC, pese al lamentable exabrupto que su portavoz protagonizó asegurando que le importa "un comino" la gobernabilidad de España. Sin embargo, aun cuando Esquerra evite ahora maximalismos, como reclamar un referéndum, nada le impide plantear reivindicaciones parciales (pero de gran calado) a lo largo de la legislatura como reclamar la gestión completa de los impuestos o más poder en la designación de sus jueces.
La formación de Gobierno está lejos de acabar con las dificultades que afrontará el futuro Ejecutivo de coalición
Su capacidad de bloqueo sobre leyes fundamentales, como la propia de los futuros Presupuestos, o los conflictos que Sánchez pueda generar con sus cesiones, impiden que la inestabilidad institucional se pueda dar por cerrada, lo que aún amenaza la inversión y la creación de empleo.
