Un castigo político a Andalucía

La Junta de Andalucía estudia tomar acciones legales ante la decisión de Hacienda de vedarle el acceso a los mercados financieros el año próximo, tras haber incumplido el objetivo de déficit en 2018. En teoría puede parecer que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla tiene poco margen ante una decisión del Ejecutivo central que se atiene estrictamente la ley. La normativa es clara a la hora de establecer que toda autonomía que se acoja al mecanismo de liquidez del Fondo de Facilidad Financiera, como es el caso de Andalucía, debe cumplir con los objetivos de estabilidad.

En caso de incumplimiento, no se le priva de financiación, pero ésta debe provenir del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que supone mayores controles por parte del Estado e impide que los territorios acogidos al FLA se financien por sí solos en los mercados. Ahora bien, sólo puede sorprender la rigidez con la que Hacienda aplica la normativa. El veto rige tras una mera comunicación de la Secretaría de Financiación Autonómica sin que haya habido un requerimiento previo de explicaciones por parte del presidente del Gobierno o de la ministra de Hacienda. Una solicitud así no habría estado de más considerando que el incumplimiento de Andalucía fue mínimo, al arrojar un déficit del 0,51 por ciento del PIB frente al 0,41 por ciento que se le exigía. Es más, la desviación no es imputable al actual Ejecutivo autonómico sino al equipo de la expresidenta Susana Díaz, en el que la responsabilidad presupuestaria correspondía a la ahora ministra Montero.

Sorprende la rigidez con que Hacienda aplica la ley pese a que el exceso de déficit no es achacable a Moreno Bonilla

Causa extrañeza que ninguna de estas circunstancias tenga el más mínimo valor como atenuante. El rigor con que se aplica la ley sobre Andalucía parece así obedecer más a motivos políticos que presupuestarios.

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