Cada vez que se aproximaba la fecha del 6 de diciembre, políticos y comentaristas palatinos rivalizaban en lanzar loas, cantos excelsos e hipérboles hacia el texto constitucional de 1978.
Pero desde pocos años acá, a los turiferarios oficiales se les han añadido las siglas PP, PSOE, Ciudadanos y, a última hora, Vox, aglutinados bajo la autodenominación de "bloque constitucional". Instalados en esa cómoda tribuna, descalifican y lanzan admoniciones sobre todos los demás. Ellos se sitúan a la derecha del pantocrátor constitucional y se sienten ungidos por la verdad salvífica, mientras que los réprobos de la izquierda son condenados al averno de los sin patria. Pero la cosa ha ido a más. Ha bastado que Sánchez e Iglesias hayan acordado trabajar a fin de concretar un Gobierno de coalición para que las furias se hayan desatado. CEOE, determinados medios de comunicación, sedicentes intelectuales "de izquierdas", grupos bancarios, castas funcionariales e intereses corporativos se han entregado a la tarea de poner en actualidad los trenos y lamentaciones de Jeremías.
Pero, sorprendentemente, antiguos dirigentes del PSOE han rivalizado con Aznar en la demonización del pacto, alegando que, desde el bloque constitucional, no pueden verse con tranquilidad unos acuerdos por los cuales pueden haber ministros comunistas, es decir, enemigos de la Constitución de 1978. El patetismo de este esperpento deviene de dos hechos que desmontan la superchería de estos profetas, que son merecedores de todas las sospechas. El primero fue la posición de los comunistas defendiendo con énfasis el "sí" a la Constitución. Una posición que se cambió en 1996, ante la evidencia del permanente incumplimiento e hibernación de partes fundamentales del texto constitucional por parte de los Gobiernos del PSOE y del PP.
El segundo hecho es de estos últimos años. Iglesias reitera una y otra vez que su fuerza política es partidaria de que la Constitución se cumpla en todos sus extremos. ¿A qué temer pues? Y es aquí, precisamente, donde radica el miedo, la preocupación y las esperpénticas salidas de tono de estos ilustres jubilados. Los intereses económicos y políticos dominantes son incapaces de llenar de contenido artículos y título de la Constitución.
Es más, sus boyantes negocios, sus canonjías de puertas giratorias, sus oligopolios energéticos, sus pingües beneficios empresariales potenciados por las reformas del mercado laboral, el botín obtenido con la privatización de un saneado sector público o los escándalos de tantos delincuentes de cuello blanco, no hubiesen sido posibles o no hubiesen quedado sin castigo ejemplar si la Constitución se hubiese aplicado literalmente.
Sorprende que dirigentes del PSOE rivalicen con Aznar demonizando el pacto de Gobierno
¿Por qué ha sido posible esto? En ocasiones he distinguido entre los aspectos formal y material de una Constitución, El primero hace referencia al texto del articulado, pero el segundo lo hace al conjunto de intereses, instituciones, prácticas e inercias del pasado que hacen posible que se cumpla o no, el articulado. La Constitución material española ha sido desarrollada parcialmente y olvidada en materias económico-sociales por el Régimen del 78, es decir las oligarquías económicas del franquismo y los advenedizos venidos del otro campo convenientemente abducidos por las franquicias, prebendas, regalías y otros deleites y dulzuras económico-sociales con los que la oligarquía, otrora franquista y ahora bautizada en el Jordán democrático, sabe recompensar a sus fieles servidores: los de antes y los de ahora.
Esta oligarquía postfranquista, transversal en el mundo de la política, se ha encargado ella solita de desguazar e invalidar la Constitución. Dicen hablar en su nombre, pero tiemblan ante la posibilidad de que a alguien le dé por desarrollar el Título VII de la misma.
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