La Cumbre del Clima de Madrid se encuentra en su recta final y la Comisión Europea se afana en cumplir las altas expectativas que se autoimpuso al incio del encuentro. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen confirmó el objetivo de convertir a la UE en una zona libre de emisiones en 2050, lo que exige someter a una profunda revisión el objetivo intermedio fijado para 2030.
Ya no basta con una reducción del 40 por ciento de la contaminación en ese año respecto a los niveles actuales. La nueva meta, aún por concretarse, puede llegar al 55 por ciento. Para ello será necesario revisar toda la normativa medioambiental europea promulgada en los últimos años. Pero el verdadero reto estriba en concretar cómo se va a financiar una tarnsición ecológica tan acelerada. Von der Leyen asegura que el Presupuesto comunitario aportará hasta 7.000 millones, pero el objetivo es movilizar cerca de 100.000 millones. Bruselas ya prevé otras medidas como crear un impuesto que grave las importaciones de países o empresas que no cumplan con los estándares medioambientales. Sin embargo, está por verse cómo se conciliará ese tributo con la normativa del comercio internacional y, sobre todo, cuál será su capacidad recaudatoria.
Está por verse quién pagará los 100.000 millones que la UE quiere movilizar para anular las emisiones en 2050
La aportación de los Estados, por tanto, será vital, pero el el alto déficit presupuestario que aún arrastran varios de ellos, España incluida, limita su margen de acción. Las empresas tampoco pueden extender un cheque en blanco, dado que están limitadas por su capacidad tecnológica y por la necesidad de garantizar unas mínimas condiciones de seguridad y rentabilidad. En cuanto a los ciudadanos, está por ver hasta qué punto asumirán una costosa factura en términos de energía más cara y mayores impuestos.
