A la espera del fallo definitivo del Supremo y de las resoluciones sobre las 150 piezas separadas de los ERE, desde las filas socialistas y sus socios, que ahora no tienen reparos en pactar con un partido condenado por el mayor caso de corrupción conocido nunca en el país, han puesto en marcha su aparato de propaganda para transmitir a la opinión pública y a la publicada el engaño de que en la trama de corruptela andaluza nadie se ha metido un euro en el bolsillo y tampoco nadie se ha llevado dinero a paraísos fiscales y a Suiza.
Nada más lejos de la verdad. Con independencia de los 700 millones malversados, de las investigaciones realizadas, y de las que todavía se siguen llevando a cabo, se desprende que son muchas las personas vinculadas al PSOE, de una u otra forma, que sí se lo llevaron crudo. Así ocurre con un hermano del que fuera presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, procesado por recibir 8,4 millones del "fondo de reptiles", origen también e de los 34 millones de euros que recibieron dos ex concejales socialistas del municipio sevillano de El Pedroso.
Además, de la causa general y de esas 150 piezas separadas se desprende que hay casi 200 "intrusos" o falsos prejubilados vinculados al Partido Socialista por su condición de exconcejales o de suegros, nueras y cuñados de altos cargos; y uno de estos "intrusos" donó, además, una sede al PSOE de Sevilla. Todo esto sin olvidar que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, y su chófer se gastaron 1,5 millones de ese dinero público en fiestas y otras juergas.
Y si hablamos de paraísos fiscales las investigaciones apuntan a que una parte importante del dinero de los ERE acabó en la República Dominicana, invertido por los comisionistas en un proyecto hotelero en el que tenían como socio a Jesús Barderas, amigo de Felipe González. Como también que una parte de ese dinero se pierde en Rumanía y Bélgica.
La expresidenta Susana Díaz debería haber dimitido tras conocerse el fallo
A esto se suma, asimismo, el fraude en la formación, donde actualmente se están investigando las adjudicaciones recibidas por el ex concejal socialista Ángel Ojeda, por importe de unos 55 millones de euros, dinero que se cree acabó en cuentas secretas en Luxemburgo y otros países.
Son datos e investigaciones separadas del sumario original respecto al que conviene recordar también que el hecho de que la sentencia no tenga pronunciamiento de responsabilidad civil obedece a que la Junta de Andalucía se reservó para sí la acción civil, retirándose posteriormente del mismo por decisión Susana Díaz quien solicitó también la exculpación de los acusados, lo que una vez conocido el fallo judicial, en un partido que presumía de "cien años de honradez", debería obligar a la dimisión fulminante de la expresidenta de la Junta. Todo ello a mayor gloria de Sánchez y los suyos, beneficiados ya por el "extraño" aplazamiento de la sentencia condenatoria de los dos expresidentes del PSOE y 17 ex altos cargos de la Junta hasta después de las pasadas elecciones de 10N. Pues eso.