El presidente Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firman un preacuerdo de Gobierno. Protagonizan así un paso más rápido de lo esperado, pero no por ello menos previsible. Aun cuando las especulaciones sobre una gran coalición PSOE-PP abundan desde el 10-N, en la noche electoral quedó claro que esa opción era imposible.
El terreno quedó así abonado para retomar las negociaciones entre los socialistas y Podemos que se iniciaron tras las elecciones de abril. Sin embargo, el modo en que ahora se conducen muestra un cambio drástico. Tras el 28-A, ambos partidos reeditaron el esquema que les ayudó a conseguir el pacto político-presupuestario de 2018. Ese protocolo consiste en que los equipos técnicos concretan el pacto y luego los líderes lo pulen y ratifican. Ahora, Sánchez e Iglesias quieren evitar los encontronazos del pasado verano e impulsan la primera etapa con un preacuerdo más parecido a una declaración de intenciones que a un pacto real. Es por ello que el documento carece de concreción en materias clave como las posibles alzas fiscales e incluso alude genéricamente al respeto al "equilibrio presupuestario". No se trata de moderación sino de una inevitable falta de detalles hasta que intervengan los técnicos.
La falta de concreción del preacuerdo PSOE-Podemos no se debe a moderación sino a la demora aún del debate técnico
Sigue así vigente la amenaza de que se materialicen alzas fiscales por valor de 6.000 millones y es lógica la reacción en bolsa española, cuyo diferencial respecto al resto de Europa crece a 15 puntos. Es más, dada la pérdida de poder de Sánchez tras el 10-N, se abre el camino a medidas aún más radicales como elevar de nuevo el SMI, desmontar la reforma laboral o evitar que Nadia Calviño asuma una Vicepresidencia. Todo ello dibuja el peor escenario para una economía en desaceleración.