Opinión

Pensiones, IPC y elecciones

Manifestación a favor de unas pensiones dignas

El índice de revalorización (IRP), mecanismo que mide la salud financiera de la Seguridad Social obligando a una actualización del 0,25 por ciento de las pensiones siempre que esta incurriese en déficit, y el factor de sostenibilidad, fórmula que vincula las nuevas pensiones al aumento de la esperanza de vida, serán, sin duda, los grandes protagonistas de la campaña electoral con el fin de apoderarse la presidencia del Gobierno.

Independientemente de las promesas electorales, nada se ha concretado para subir las pensiones en función del IPC en el próximo ejercicio, por lo que el legislador establece que las pensiones deben revalorizarse en base al IRP, dado que el sistema sigue registrando números rojos, limitando la gestión del Ejecutivo en funciones al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas, tal y como apunta el artículo 21 de la ley del Gobierno.

Dichos números rojos no solo están avalados por el incremento del número de pensiones sino, mayoritariamente, por el aumento del importe medio de la nómina de las pensiones a raíz de la revalorización de éstas en el año actual, el incremento de las pensiones mínimas, la mejora de las de viudedad y la mejor cuantía que perciben los nuevos jubilados.

Los políticos saben que tendrán que tomar decisiones lastimosas para los futuros jubilados

Ahora bien, el montante total de ingresos en concepto de cotizaciones sociales supera de manera considerable el gasto en pensiones contributivas en los últimos meses, incrementándose cerca de un 8 por ciento a través de las aportaciones realizadas, tanto por los empleados como por los empleadores, frente a la totalidad de la nómina de pensiones abonadas la cual presenta un crecimiento, imputando contributivas y no contributivas, de un 6 por ciento más. A esto habrá que añadir el abono de los subsidios correspondientes a incapacidad y maternidad que provocarán cerrar el presente ejercicio con un nuevo déficit cercano al 1,3 por ciento del PIB, es decir, superando los 16.000 mi-llones de euros. No podemos obviar que la factura de la nómina de pensiones se incrementa otro 4,96 por ciento en el presente mes de septiembre, liderando el ranking con 9.693 millones.

El sistema asume más pensiones y mejores pensionistas que nunca, aportando un récord histórico en las pensiones medias y digiriendo cuantías totales sin precedentes.

Otro de los grandes dilemas de la campaña electoral será la fuente de financiación de las pensiones no contributivas. Cuestión que deberían de dilucidar y comunicar, las diferentes fuerzas políticas, antes de acudir a las urnas en vez de argumentar que el problema ha sido la asignación al sistema de pago de pensiones no contributivas, como las de viudedad, orfandad y a favor de familiares.

El artículo 50 del texto constitucional, cita textualmente: "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". No se concreta el alcance de "periódicamente actualizadas" ni se repudian las pensiones no contributivas; por lo tanto, con independencia que estas se financien a través de cotizaciones so-ciales o a través de los Presupuestos Generales del Estado, tendrán que estar garantizadas.

Todo ello, sin empezar a desenmarañar que, la gran mayoría de las pensiones de viudedad (sin derecho a pensión contributiva) debería seguir el mismo tratamiento que la pensión de jubilación del cónyuge fallecido.

Al margen del coste de la factura política, todos ellos son conscientes que hay que tomar decisiones lastimosas para garantizar tanto la sostenibilidad como la suficiencia del actual sistema público de pensiones.

El factor principal que atañe a la sostenibilidad del sistema es la longevidad, cada día que pasa vivimos cinco horas más, por lo tanto, se antoja imprescindible incrementar la edad real de jubilación hasta los 70 años, tal y como comentaba, en este mismo medio, en la pasada reforma del 2012. La edad de jubilación debe actualizarse en base a la esperanza de vida y al estado de salud para continuar con nuestra trayectoria laboral; si cada vez vivimos más, o bien aportamos una mayor cuantía al sistema durante el mismo período de tiempo, o bien incrementamos el período de aportación manteniendo las cuantías.

La suficiencia del sistema viene marcada tanto por el número de pensionistas como por las cuantías que perciben los mismos, por lo que también parece razonable la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, independientemente que ninguno de los partidos quiera utilizarlos por temor a las reprimendas que pueda vestirse tanto en las manifestaciones como en los próximos "comicios".

Desde dicha tribuna me gustaría hacer un llamamiento a los diferentes partidos políticos, ya que disponen de una oportunidad única e inmejorable para aclarar las incógnitas mencionadas anteriormente con el fin de trasladar a toda la ciudadanía el presente y el futuro de nuestro sistema público de pensiones. El principal diagnóstico es que sufrirá importantes recortes siendo el tratamiento más acertado la reducción considerable de las tasas de sustitución, teniendo la sociedad pleno derecho a estar informados.

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