El auto sobre el caso Púnica revela el gran alcance de la supuesta trama que el Gobierno de Esperanza Aguirre orquestó en torno a las licitaciones de la Comunidad de Madrid.
A las empresas, presuntamente, se les imponía un pago del 1 por ciento del presupuesto para gastos publicitarios inexistentes, ya que los fondos iban a la caja B del PP. Hay indicios de que el Ejecutivo autonómico abusaba de su dominio sobre las negociaciones con estas firmas, como muestra que prácticamente todo el sector constructor aceptó esta condición. Aunque no hay base para imputar a ninguna de estas firmas, en adelante deben aplicar con pleno rigor sus controles internos para evitar que se usen las contrataciones con el fin de encubrir ilegalidades en la Administración.
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