El G-7, como era de esperar, no ha resuelto los problemas e incertidumbres de la economía mundial. Sin embargo, sí ha traído dos novedades: por una parte, ha establecido un conato de negociación entre Estados Unidos y China, y también entre la superpotencia norteamericana e Irán. Pero también parece haber resucitado el proyecto español del impuesto digital. Eso sí, hay que tener claro que esto es un efecto colateral de las negociaciones entre Francia, país anfitrión del G-7 y los técnicos de la Administración Trump. Esto parece haber desbloqueado los problemas políticos internacionales de este polémico impuesto, aunque los económicos y técnicos que contábamos en elEconomista hace un mes, siguen igualmente presentes.
Empecemos esta historia por el principio: las grandes multinacionales, muchas de ellas multinacionales digitales norteamericanas, son las empresas que más dinero ganan del mundo, y al mismo tiempo son las empresas que pagan menos porcentaje de impuestos sobre sus beneficios. Esto es particularmente cierto fuera de Estados Unidos, especialmente en Europa. Esto no se debe a que haya Estados en Europa que tengan un impuesto de sociedades bastante bajo, como el 12,5 por ciento de Irlanda o Chipre, sino al factor fundamental de que los beneficios de las multinacionales no se gravan donde realmente se generan. Esto no solo sucede dentro de Europa, por ejemplo, que un beneficio de una operación realizada en Alemania se grave en Irlanda, sino sobre todo fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, los diversos convenios entre países europeos con antiguas colonias, que ahora muchos consideran auténticos paraísos fiscales, permiten el traslado de beneficios y bases imponibles generados en Europa hacia territorios donde prácticamente no se tributa nada.
Los principales problemas de la nueva tasa son la recaudación y el control
Esto resulta muy complicado de cambiar en Europa porque en el ámbito de la fiscalidad directa, cambiar o imponer normas europeas exige unanimidad de los Estados. Y el resultado es que cuantías ingentes del beneficio de multinacionales, derivados de sus operaciones en la Unión Europea, acaban en los paraísos fiscales del Caribe, donde no se paga Impuesto de Sociedades. Recientemente, la reforma fiscal de Trump ha permitido la repatriación de estas cuantías pagando un tipo inferior del impuesto de sociedades norteamericano. Finalmente, beneficios que no han tributado prácticamente nada en Asia, África o Europa acaban tributando algo en Estados Unidos.
Esto hace que nos enfrentemos a dos problemas: que las multinacionales paguen a una tasa efectiva de impuestos sobre sus beneficios que no sea escandalosamente inferior al de las demás empresas. El segundo problema es el reparto entre países de esta tributación. Todas estas cuestiones se están debatiendo en la OCDE, que espera tener una solución para finales del próximo año.
El futuro de esta idea no está escrito y aún quedan muchas incógnitas por resolver
Por supuesto, aquí subyace un problema que es la guerra fiscal que Europa se hace a sí misma. Si para conseguir localizar inversiones, empleo o recaudación por otros impuestos como IRPF o IVA, se conceden regímenes privilegiados e incluso acuerdos singulares entre empresas y estados (denominados Tax rulings), entonces muchos grandes contribuyentes apenas pagarán el Impuesto de Sociedades en Europa.
Ante esto, y que una parte no menor del problema está en las grandes multinacionales digitales, algunos países europeos se han planteado un nuevo im-puesto digital. Este im-puesto no gravaría los beneficios de las empresas digitales sino tres tipos de servicios: la publicidad online, es decir en Internet; los servicios de los denominados market-places, es decir los servicios de intermediación en línea; y, por último, la venta de datos proporcionados por el propio usuario. Esto inicialmente se intentó realizar a nivel comunitario, al fracasar se intentó por el procedimiento de "cooperación reforzada" (acuerdo entre varios países europeos), y finalmente han quedado Francia y España.
Los problemas técnicos de este impuesto eran y siguen siendo importantes, fundamentalmente de control y recaudación. Por ejemplo, la venta de datos personales es muy a menudo ilegal. Por supuesto que se hace, pero esperar que los contribuyentes declaren voluntariamente actividades de muy dudosa legalidad es un tanto quijotesco. En consecuencia, esto se parece, salvando las distancias, a un impuesto sobre el tráfico de drogas. Claro que se vende droga, pero la recaudación que se puede esperar de un impuesto de este estilo es cercana a cero. Y, a día de hoy, no tenemos capacidad tecnológica para controlar estas operaciones.
Por otra parte, hacer pagar un impuesto específico a los market-places es también muy problemático, tanto porque los clientes falseen su dirección web para no pagar el impuesto, o también por distorsionar aún más, perjudicando a las pymes, a los productos de terceros, frente a la producción propia de los gigantes de Internet. Quizás lo menos problemático es gravar, a un 3 por ciento, la publicidad online. Esto, si no es un impuesto indirecto, se parece mucho, y por su-puesto, no es nada probable que grave realmente el beneficio de las grandes multinacionales, sino que repercuta a la empresa que se quiera anunciar, pero por lo menos es relativamente fácil de controlar.
A la Administración norteamericana de Trump esto le ha parecido similar a un arancel a sus multinacionales. Y efectivamente, cuando uno se mira la letra pequeña de los proyectos (por ejemplo que solo se aplique a empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial), se excluye a casi todas las empresas locales. En consecuencia, Trump ha reaccionado amenazando con imponer un arancel al vino francés. La reacción de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, fue amenazar con represalias comerciales de la Unión Europea en su conjunto, lo que forzó la negociación entre Francia y Estados Unidos.
Finalmente, la Administración Trump ha renunciado a las represalias comerciales si Francia se compromete a deducir lo que paguen las empresas norteamericanas en este nuevo impuesto digital de la nueva fiscalidad global que se aplique a las multinacionales cuando culminen los trabajos de la OCDE (y sean adoptados por los distintos países). Ya veremos cómo se plasma esto, pero Francia parece optar por hacer esfuerzos para recaudar por su cuenta porque parece considerar que no se va a llegar a un acuerdo de fiscalidad global en el seno de la OCDE. Y eso, en mi humilde opinión, podría ser una mala noticia. La escasa fiscalidad de las grandes multinacionales es un grave problema. Y otro, no menor, es lo mal que está distribuida la recaudación derivada de los beneficios de estas grandes empresas. Y estos dos graves problemas globales no se arreglan con parches locales.
A esto, al planteamiento francés como informaba el miércoles El Economista, parece haberse apuntado el Gobierno en funciones de Sánchez, reactivando el proyecto de impuesto digital en España. Mientras el Gobierno esté en funciones, no se puede presentar el proyecto de ley, pero posteriormente es muy probable que el impuesto resucitado vuelva en España, porque aunque los problemas técnicos siguen ahí, la oposición norteamericana se ha matizado muchísimo. La incógnita es, en estos momentos, si más países se apuntarán a esta idea en un futuro. Esto podría abrir un escenario distinto, que incluso podría acelerar, irónicamente, los trabajos de la OCDE para un impuesto global. En este tema, el del impuesto "resucitado", como en tantos otros, el futuro no está escrito.
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