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El inversor valora el ESG a la hora de controlar el riesgo en la cartera

La tan aclamada sostenibilidad, no hace mucho, era una oportunidad que podía ser implementada por las empresas con el fin de diferenciarse de sus competidores a través de las buenas prácticas. Ahora, además de ser una vía fundamental para el crecimiento y desarrollo de las organizaciones, se ha convertido en una necesidad.

Esta es una de las conclusiones que pudieron extraerse del primer encuentro informativo que celebró ayer elEconomista y Acciona sobre Finanzas verdes, enmarcado dentro del ciclo Descarbonizar la economía. En la cita se abordaron temas tan actuales como el motivo por el que cada vez más empresas deciden aumentar la financiación bancaria tradicional con fórmulas alternativas o el desplazamiento del foco del inversor hacia las firmas que no se alejan de la nueva taxonomía europea. "En todos los ámbitos económicos y financieros, el tema de la sostenibilidad ya está incorporándose en cada análisis o proyección. En su momento era una oportunidad, pero ahora es una necesidad. Ya no es solamente una cuestión de buenas prácticas, porque desde el punto de vista de la regulación todos tenemos que estar en ese barco", explicó Antonio Cordero, director general de Financiación y Estrategia de ICO.

Y es que, que las crisis crean oportunidades es un proverbio que en los últimos años ha estado muy presente. El caso más actual lo encontramos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que los problemas derivados de la dependencia energética de estos territorios pueden ser un catalizador para la inversión verde: "La guerra debería resultar en una aceleración de la inversión en áreas sostenibles y, por lo tanto, de las financiaciones verdes. Esta crisis lo que está provocando es que, en Europa sobre todo, se están dando cuenta de la importancia de la independencia energética. Esto implica incrementar las inversiones en energías renovables que son autóctonas", desarrolló Roberto Cabrera, director de Financiación de Acciona.

Una perspectiva que apoyó Roberto Oliver, socio del área de Banca de AFI, que añadía que "es probable que haya una ligera ralentización de cumplimientos climáticos por ese shock energético, pero pienso que a largo plazo el conflicto traerá efecto positivo [para la inversión en energías limpias]".

Siguiendo con esta teoría, hay que recordar que un año después de la irrupción de la pandemia de coronavirus también se dieron pasos agigantados en aras de sostenibilidad. Tanto, que 2021 fue el pistoletazo de salida para la entrada en vigor de gran parte de normativa regulatoria en esta materia, la cual no ha parado de avanzar y pulirse hasta hoy.

El desarrollo ha sido tal que la sostenibilidad no solo se ha implantado en el ADN de muchas compañías de un sinfín de sectores, sino que son los propios inversores los que quieren estar en ESG. "En los últimos dos años se está evidenciando cómo los inversores valoran más positivamente que las inversiones ESG tienen una gestión del riesgo más adecuada (al tener en cuenta factores que no son solamente financieros) que las inversiones ordinarias. Tienen un control de riesgo más robusto, lo que da un mayor confort a los inversores", puntualizó Oliver. Así, pese a no tener que ser per se más rentables que las inversiones ordinarias, además de aportar calma por la mejor gestión de riesgos, están ligadas a la gran concienciación ambiental desarrollada en los últimos tiempos.

Otra de las evidencias de este mayor interés por parte de los inversores en las finanzas verdes es el greenium –una prima en precio que suele pagar el comprador de un bono verde en comparación con otro bono que no tenga características sostenibles–, ya que, en palabras de Antonio Cordero, "ya es irrefutable" que el greenium existe, y es "mayor o menor" en función del sector.

Donde también se vio perfectamente reflejado el greenium fue en el primer bono verde del Tesoro (de 5.000 millones de euros), que se emitió el año pasado y se alzó como uno de los hitos en inversión responsable de este país. Así lo explica Ana Puente, subdirectora general de Legislación de Mercado de Valores e Instrumentos Financieros en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional de España:"El ejercicio de la emisión del bono verde soberano tiene dos principales fuentes de beneficios. La primera tiene que ver con la propia gestión de la deuda pública, ya que amplía la base inversora y alarga el horizonte de vencimiento de la cartera. Existe el greenium, que se refleja en el precio. Una segunda fuente de beneficios tiene que ver con el propio aprendizaje de la Administración respecto al bono verde, ya que implica una misión intradministrativa muy intensa, por lo que es muy enriquecedor", detalla.

Un nuevo impulso

Pero, ¿cómo están calando estas alternativas de inversión en el minorista? Además del propio interés individual por poner su granito de arena y contribuir al cambio, la legislación está jugando sus cartas. Tras la entrada en vigor del Reglamento europeo de Divulgación en marzo de 2021, en agosto llega la segunda gran ola con la entrada en vigor de una relevante modificación de MiFID (la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros). Por primera vez, tanto en España como en Europa, los comercializadores de productos financieros tendrán la obligación de preguntar a los clientes, dentro del test de idoneidad, si a la hora de invertir tienen alguna preferencia de sostenibilidad. Un cambio que acerca al inversor minorista al mundo de las finanzas verdes.

En palabras de Ana Puente:"Es un reto [la nueva normativa] para las entidades, no deja de ser una pieza más del cumplimiento normativo, pero probablemente esto llevará a las relaciones financieras entre cliente y entidad la demanda social que se ve con el compromiso con la sostenibilidad". Además, Puente puntualiza que, puesto que la motivación minorista no es la misma que la del institucional a la hora de preferir un bono verde frente a cualquier otra emisión, "la normativa pretende que esa conciencia se manifieste en el ámbito financiero y se encaja en los canales habituales de preferencias de los inversores, para dirigirle a unos productos u otros", finaliza.

Antonio Cordero, a este hilo, añadía que "está claro que hay una demanda social y que estos avances normativos van a permitir ponerla de relieve en el ámbito financiero. Que esta conciencia social existe es innegable, el tema es cómo se pone de manifiesto. Esto va a ayudar a ello y va a estimular la oferta de una tipología de proyectos que van encaminados a fomentar el crecimiento de las financiaciones en proyectos sostenibles".

Dentro de las diferentes alternativas en financiación sostenible, las financiaciones ligadas a KPI (key performance indicator o indicador clave de rendimiento) son también "muy populares". Así lo explicó Roberto Cabrera. "Los sociales y los verdes no tienen ninguna característica financiera en el propio contrato. Ese ahorro es porque hay una mayor demanda y los precios deberían ser más competitivos, pero luego están los que están asociados a KPI, que el propio contrato especifíca un descuento determinado si se consiguen determinados KPIs que están ligados a acciones sostenibles".

Taxonomía 'vinculante'

Para que una compañía pueda cumplir los objetivos de sostenibilidad propios o los marcados por normativa, es estrictamente necesario que todas las patas de la misma remen en un mismo sentido y sea un asunto transversal. Esta fue otras de las conclusiones del encuentro, ya que, los diferentes expertos, a través de su propia experiencia en sus respectivos sectores, relataron los pequeños pasos que habían ido dando hasta conseguir ponerse el traje verde. "La taxonomía no es obligatoria, pero sí vinculante. Una empresa que no cumpla las normas marcadas no va a ser multada, pero sí que es vinculante en la medida que tiene que ser la guía para canalizar adecuadamente esa corriente de financiación, que no parezca que vaya a algo verde y que luego realmente no sea", expresó Ana Puente.

En este sentido, Puente aprovechó para destacar el esfuerzo de las entidades financieras para cumplir con el papel que les otorga la sociedad:"Cada taxonomía se vive diferente siendo una empresa determinada que desde el sector financiero. Una gran gestora de fondos o una entidad de crédito con presencia global la tiene que utilizar entera. Tiene que mirarlo todo y tiene que pasarlo a todas sus carteras. Por eso, el esfuerzo del sector financiero para cumplir con el papel que le ha otorgado la sociedad es una tarea encomiable y están poniendo todos sus esfuerzos", remataba.

El socio del área de Banca de AFI también se manifestó sobre el rol que está jugando el sector bancario como catalizador de la sostenibilidad. "Se considera la banca como un agente principal en la transición a una economía más sostenible, y precisamente por ese papel tan relevante que se le asigna por parte de la sociedad en su conjunto, se han desarrollado en los últimos años iniciativas de autorregulación dentro del mismo sector", así como numerosas recomendaciones.

En este sentido, el experto señaló el reto de "divulgación cuantitativa" que tienen ahora por delante las entidades financieras:"El generar información relacionada con sus riesgos climáticos, poder tratarla, incorporarla en sus modelos de medición de riesgos, etc.". Una tarea que no es fácil, sobre todo, para las pequeñas o medianas empresas, pero que a través de los mecanismos que se están desarrollando cada vez está más cerca.

Para cerrar el círculo, el director de Financiación de Acciona puntualizó que la Unión Europea ha tomado el "liderazgo" en taxonomía, ya que en otras geografías están muy "lejos de identificar qué actividades son sostenibles". "La taxonomía es un instrumento muy útil para las empresas, pero también para los inversores, porque les sirve como guía. Las empresas que no adapten su modelo de negocio con la taxonomía en el tiempo que corresponda podrían quedarse obsoletas, ya que no son las que la sociedad va a demandar", finalizó.

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