Quizá no todo esté dicho en el post estado de alarma. El Gobierno ha abierto la posibilidad este lunes de "realizar cambios legales adicionales" para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras decaer la herramienta si "se desprende la necesidad" de las resoluciones del Tribunal Supremo, el encargado de unificar criterios para todo el país.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publicada este lunes en El País, ha defendido que es "razonable que si hay disparidad de criterios" sea el Alto Tribunal el que "marque la pauta común". "¿Quién si no iba a hacerlo?", se ha preguntado tras las dudas planteadas por el gabinete técnico de TS la semana pasada. Aún así, el ministro ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de que el Ejecutivo realice modificaciones legales adicionales que sean propuestas a las Cortes, como ha pedido el Partido Popular, que solicitaba un plan jurídico alternativo ante el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo.
Sin embargo, pese a abrirse a cambios legislativos, Campo ha insistido en que los presidentes autonómicos cuentan con "mecanismos suficientes" en el ordenamiento jurídico para afrontar "la fase de la pandemia" actual. "Esa normalidad pasa porque las autoridades vuelvan a ejercer, fuera ya del estado de alarma, sus competencias en salud pública".
En pleno revuelo, el titular de Justicia ha aprovechado para recordar que los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio. "Una posibilidad específicamente prevista" en la "legislación" que el Gobierno "ya se ha comprometido a apoyar", ha señalado para aclarar que no hay "ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de los gobiernos autonómicos".
"Lo que hay, simplemente, es una buena noticia. Salimos de la excepcionalidad, porque la situación sanitaria lo permite, y volvemos a normas ordinarias de nuestro Estado de derecho", ha sostenido el ministro.
En este sentido Campo ha lamentado que la oposición haya "jugado en todos estos meses a la contra", utilizando "la pandemia como oportunidad para el ataque político permanente". "Pero la irresponsabilidad y la deslealtad de la oposición no eximen de responsabilidad al Gobierno. El derecho de excepción solo debe permanecer el tiempo que resulte absolutamente imprescindible", ha añadido.