Si la primera ola del covid-19 en nuestro país estuvo presidida por la imprevisión, la segunda se ha instalado en una contradicción que complica la conducta de los ciudadanos. Estos, además, han sido señalados como los máximos responsables de lo que suceda -los contagios, los muertos- al ser consagrada la responsabilidad individual como única medida común para frenar al virus. Las reuniones de personas constituyen, en estos momentos, el penúltimo ejemplo que pone en evidencia la bipolaridad de las normas y que deja a los ciudadanos confusos y desprotegidos ante la hercúlea tarea que les han encomendado las administraciones.
La pandemia de coronavirus en España continúa imparable en su nueva fase de escalada, con récord de contagios en el País Vasco o la Comunidad Valenciana desde su virulento estallido, y la duplicación de casos en las últimas 24 horas en Madrid. Los muertos también vuelven a engrosar los registros: ayer se rozó el medio centenar de nuevos fallecidos. Tal y como no se cansan de repetir los líderes políticos gubernamentales y autonómicos, la culpa de esto es suya, lector, por falta de responsabilidad. Sin embargo, las normas y recomendaciones recogidas en los boletines oficiales de las comunidades autónomas caen en la contradicción en un momento en el que el ritmo de contagios no cesa y cuando la transmisión ya es comunitaria -sin origen conocido ni posible rastreo ni aislamiento de los afectados- en varios territorios del país.
Las 11 medidas pactadas por el Ministerio de Sanidad y las CCAA el 14 de agosto para establecer un marco común que contuviera la epidemia en esta segunda oleada recogía la obligatoriedad de limitar a diez personas los encuentros en restaurantes, bares y terrazas, y la recomendación de que no fuesen más de esta decena las que se juntaran para cualquier tipo de actividad social, ya se produjera en el interior de los hogares o fuera. También se precisó el consejo de que este grupo estuviera formado únicamente por personas de convivencia estable. En regiones como la de Murcia, desde esta semana, se ha reducido a un máximo de seis personas ese tipo de reuniones. Y no se trata de una recomendación, sino de una norma de obligado cumplimiento.
Mientras estas restricciones se implementan, sin embargo, los ciudadanos pueden asistir a bodas de 200 personas en muchas autonomías como Madrid, con transmisión comunitaria de coronavirus; a comuniones o bautizos de 100 o a un festejo taurino de 4.000 asistentes.
¿Existe mucha diferencia entre una boda y una noche de alcohol y euforia en una discoteca? Salvo por la vestimenta más engalanada, si desgranamos ambos escenarios atendiendo a la epidemiología, en realidad, no. Se trata de reuniones de múltiples personas que consumirán grandes cantidades de alcohol. Pero las bodas siguen sin restricciones en gran parte del país y, en cambio, las discotecas y locales de ocio nocturno tienen un cierre regulado en la batería de medidas pactada por Sanidad y las consejerías autonómicas.
A 24 horas de una corrida de toros en Alcalá de Henares
La penúltima contradicción de último minuto ha puesto la lupa en los festejos taurinos. En concreto, en Alcalá de Henares, donde este viernes se celebrará, si ningún Ejecutivo competente lo impide, una corrida de toros que podrá reunir a 4.000 personas.
Este tipo de actividades, al igual que las de las salas de banquetes, únicamente atiende a la regulación en Madrid de 'nueva normalidad' de 19 de junio modificada el 28 de julio de que no se supere el 75% del aforo permitido. Y no es igual el 75% de 20, que el de 6.000. Es la magia de los porcentajes.
La contradicción se replica también entre personal de la misma administración. La Comunidad de Madrid, por medio de la Consejería de Sanidad, ha desaconsejado la celebración de la feria taurina prevista para este fin de semana en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares por la "gran afluencia de público" y ha recomendado al Consistorio que no autorice el evento. Sin embargo, esta mañana la Dirección General de Seguridad regional ha otorgado permiso a la empresa organizadora de los festejos taurinos al concluir que cumplía la normativa vigente, la que establece un límite de aforo al 75%. La gestora del coso esgrime que cuenta con el beneplácito administrativo pertinente y ya prepara todo para el festejo, al que dotará de un protocolo sanitario como la instalación de dispositivos de gel hidroalcohólico y la apertura de la plaza dos horas antes.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha expresado su máxima preocupación ante este doble mensaje. El regidor ha manifestado que el marco normativo existente y aprobado por el Gobierno regional para este tipo de casos "es absolutamente inapropiado para estos momentos".
"En los espectáculos culturales que estamos realizando a largo del verano se limita el aforo a 800 personas, con sillas individuales que garantizan la distancia y con unos altos niveles de seguridad, contratando además personal que vigila el cumplimiento de las normas. Este grado de detalle y exigencia no rige en las plazas de toros, en las que la Comunidad de Madrid decidió que el aforo fuera al 75 por ciento del máximo", ha señalado el primer edil complutense.
Por su parte, la Consejería de Justicia ha incidido en que la autorización previa para el evento se ha otorgado por la mañana, pero especificando que esos permisos están supeditados a la evolución epidemiológica de la pandemia. Por lo tanto, la luz verde para celebrar la corrida aún es revocable. Y entre tanto, los empresarios no saben si se celebrará o no la actividad en la que han invertido, los ciudadanos que ya tienen su entrada también desconocen este punto, y una Alcaldía hace cálculos ante la responsabilidad que podría rebotarle cual boomerang a partir de las posibles consecuencias graves que podría entrañar la celebración del festejo.
