El Gobierno de Pedro Sánchez quiere asegurarse un amplio margen de actuación sanitaria una vez entre en vigor la etiquetada por el Ejecutivo como 'nueva normalidad'. El real decreto-ley que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes establece la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios públicos cerrados donde no se pueda guardar el espacio social, con multas de hasta 100 euros ante su incumplimiento.
En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, había ya apuntado esta tarde esta obligatoriedad hasta que se compruebe si hay o no rebrotes de la epidemia a partir de otoño.
El decreto mantendrá, sin embargo, las exenciones de su uso para las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla y en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados. Asimismo, no están obligados aquellos que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Por otra parte, en el borrador del decreto-ley se exige a las CCAA que sigan aportando información al Ministerio de Sanidad para el seguimiento y vigilancia epidemiológica de la covid-19, y estarán obligadas a "asegurar el cumplimiento" de las decisiones ejecutivas que se tomen desde La Moncloa y a elaborar planes de contingencia ante rebrotes. Se establece además la obligatoriedad de realizar pruebas PCR "u otra técnica de diagnóstico molecular" a todo caso sospechoso de la covid-19.
El transporte de viajeros seguirá estando limitado en cuestiones de aforo, así como los establecimientos comerciales, para guardar la distancia de seguridad sanitaria recomendable.
En la misma línea, se subraya la toma de medidas para asegurar la prevención en el entornolaboral, mediante puestos suficientemente distanciados o la implantación de turnos, el uso de material higiénico y la limpieza y desinfección adecuadas, entre otras cuestiones.
Las medidas prevención e higiene, así como las recomendaciones de garantizar la distancia de seguridad, también serán obligatorias en el caso de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y de personas mayores, en centros comerciales, hoteles y alojamientos turísticos, con especial atención a las zonas comunes, equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas, así como las instalaciones deportivas.
El decreto también permite al Gobierno la monitorización de los fabricantes de medicamentos y se incentivará la fabricación de medicamentos esenciales.
A través de una disposición final, el real decreto modifica la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para habilitar al Ministerio de Sanidad a adoptar las medidas necesarias para coordinar actuaciones en materia de salud pública sin necesidad de contar con el acuerdo previo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en casos de urgente necesidad.
