La ministra de Igualdad, Irene Montero, poco a poco está recuperando su exposición mediática tras ser el primer miembro del Gobierno en dar positivo por coronavirus. Y ha vuelto defendiendo el uso de la Constitución para respaldar las iniciativas confiscatorias que están tratando de impulsar la facción podemita del Ejecutivo. Tal como hizo Pablo Iglesias, Montero ha apelado al artículo 128 de la Carta Magna para garantizar derechos sociales, el derecho a la vivienda, a la alimentación, y defender que la riqueza del país está al servicio del interés general, en una entrevista en La Vanguardia.
El artículo 128 de la Constitución se está convirtiendo en el caballo de Troya de Podemos en plena crisis del coronavirus para intentar desplegar sus políticas confiscatorias y boliviarianas. Montero reconoce que han aprendido a apelar a ella "para apostar por los derechos sociales, por el derecho a la vivienda, a la alimentación, defender que la riqueza del país está al servicio del interés general, que importa más lo común que los intereses particulares de unos pocos, que siempre deben estar supeditados al interés común, que no se puede cortar los suministros...".
Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, ha utilizado ya la Constitución y más en concreto el artículo 128 como escudo de sus intenciones políticas. El precepto constitucional establece en su primer punto que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" y el segundo que "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".
Numerosos jueces, magistrados y catedráticos y profesores de Derecho Constitucional han denunciado el uso torticero del principal texto legislativo del ordenamiento jurídico.
La amenaza para nacionalizar sectores y empresas con la excusa de garantizar derechos individuales está siendo una constante en las declaraciones públicas de los miembros del Gobierno pertenecientes a Podemos. También las tensiones con otros miembros del Ejecutivo al defender medidas más extremistas. Montero reconoce roces dentro del Gobierno. "Si afrontando una situación desconocida para el gobierno, no hubiese habido debate en el Consejo de Ministros, no solo entre formaciones, sino entre ministros, sería preocupante. Es evidente que hay mucho que debatir y es evidente que hay debate", ha contestado al respecto.
Los postulados de Podemos en el Gobierno cada vez se hacen más evidentes. El Gobierno el fin de semana pasado dio luz verde a una de las medidas más controvertidas con la posibilidad de la ocupación de segundas viviendas obligando a los propietarios a dar una solución habitacional inmediata a las personas vulnerables.
La ministra de Igualdad tampoco ha asumido ninguna responsabilidad por las convocatorias de las manifestaciones del 8M. "Creo que nuestra responsabilidad ahora es no entrar en polémicas con nadie. Tenemos que escuchar todas las críticas, pero sobre todo las útiles, las que son las constructivas. El señalamiento al 8-M cuando esa semana hubo eventos políticos, deportivos y de todo tipo, es una opción ideológica, no científica", ha respondido.
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