El domingo trascendió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a los diferentes presidentes de las Comunidades Autonómas para antes del 10 de abril un listado de polideportivos, hoteles u otros recintos similares en los que los positivos por coronavirus leves o asintomáticos puedan pasar la cuarentena sin contagiar a nadie. La duda enseguida llegó: ¿se puede obligar a los ciudadanos a dejar su domicilio e ingresar en uno de estos lugares habilitados? En directo | Última hora sobre el coronavirus
Ante las crecientes dudas de los juristas y de la delicada posición de esta idea en el Estado de Derecho, el Gobierno ha basculado en las últimas horas sin ofrecer una posición fija y alegando que se está estudiando qué hacer.
El primer ministro que fue preguntado este lunes por esta iniciativa fue el de Sanidad, Salvador Illa. El también dirigente del PSC no quiso dar detalles concretos y se limitó a deslizar que este ingreso de los ciudadanos en uno de estos recintos se basaría en la voluntariedad de éstos y que se haría de común acuerdo con las autonomías.
"Es una opción que podría ser para personas que así lo soliciten, bien porque sus domicilios no reúnen condiciones para el aislamiento o por otro tipo de consideraciones", contestó Illa, sin arrojar luz sobre qué pasaría con aquellas personas renuentes a acudir a uno de estos recintos. Justo 24 horas después, en la rueda de prensa vespertina de este martes, Illa se pronunció en términos similares, remarcando la voluntariedad de estos ingresos y no mencionando una hipotética obligatoriedad.
Más en arena entró el lunes por la tarde el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. El ministro aseguró en primer lugar que la forma de actuar ante aquellos ciudadanos que se nieguen a ser ingresados en estos lugares está "abierta a debate jurídico" y debe ser ejecutada siempre con "criterios de proporcionalidad".
Sin embargo, Campo quiso ir más lejos que Illa y, para dejar caer que puede haber sanción si no se coopera, justificó que "hay que abrir supuestos, como pasa siempre en el mundo del derecho" y expuso los tres más probables de esta problemática.
Según enumeró Campo, estos tres supuestos son: en primer lugar, el de una persona que es positivo y que vive con sus padres octogenarios pero no les quiere contagiar, pidiendo por tanto su traslado a otro lugar para ser atendido. En segundo lugar, el de aquel que reside solo y no quiere afrontar esa situación en soledad. Y en tercer lugar, el de aquel ciudadano reticente o renuente a someterse a aislamiento pese a dar positivo en los test de detección de la enfermedad.
En este último supuesto, el que más ampollas jurídicas levanta, Campo no dio una pauta exacta de cómo actuar, pero sí trajo a colación que el propio Código Penal contempla como delito el cometido por quien voluntariamente contagia a otras personas. Con todo, no especificó qué artículos concretos del texto se podrían aplicar.
"Si no se quiere confinar el debate está abierto, y tendremos que establecer cómo actuar justificándolo y con criterios de proporcionalidad, se pedirán informes pertinentes y se actuará", zanjó.
Más críptico en la misma comparecencia estuvo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien adujo que una voluntariedad manifiesta sería algo factible. "Si no, se estudiarían todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles", agregó.
Listado "tentativo" de centros
Por último, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha salido este martes rebajando expectativas tras el Consejo de Ministros. Montero ha dicho que "es prematuro" dar detalles sobre algo que está en estudio según evolucionen las simulaciones de los expertos y ha abierto la puerta a que este confinamiento en espacios públicos se dé "con grupos restringidos", si bien no ha descartado que se implemente de forma "generalizada".
En cualquier caso, Montero ha dicho que el listado que ha pedido Sánchez a las comunidades es "tentativo" y que, según el escenario, podría darse el caso de que no se llegara a utilizar.
La posibilidad de obligar a los ciudadanos a confinarse en estos espacios por orden de la autoridad pública puede chocar, según los juristas, con el Estado de Derecho. Por ejemplo, la decisión podría impactar con artículos de la Constitución como el 19, que recoge el derecho de los españoles a "elegir libremente su residencia". El sentir generalizado entre los expertos es que, sin autorización judicial, una medida así parece poco viable a no ser que sea voluntaria.
Dudas de las CCAA y cautela del PP
Esta iniciativa del Gobierno, denominada "Operación Arca de Noé", ha suscitado las dudas de las comunidades autonómas desde que el fin de semana Sánchez les encargará un listado de recintos. El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha destacado que la idea genera "ciertas dudas" y que se necesita más concreción, poniendo la mirada en el propio Illa.
Urkullu se ha quejado de que el Ejecutivo desde el domingo ha hecho varias "matizaciones" al respecto y por eso ha pedido "una reflexión más profunda" sobre cómo actuar.
Desde la oposición, el PP ha pedido al Gobierno que no lance una idea así a la ligera y que la consensúe con los otros partidos. El 'número dos' de los 'populares', Teodoro García Egea, ha reclamado a Sánchez que "cualquier tipo de propuesta adicional al estado de alarma debería venir muy fundamentada y escrita". Del mismo modo, ha subrayado que una medida de este calibre tiene que ser fruto del "diálogo de todas las fuerzas políticas".
